El Arzobispado de Madrid sopesa dar marcha atrás a la venta de bienes a través de sus fundaciones

Esta última decisión, adoptada el pasado 1 de abril, ha provocado un efecto en cadena: dada la imposibilidad de Tapiamar –la matriz de las 14 sociedades creadas «ad hoc» para efectuar la compra– de acometer en julio el segundo de los dos pagos de 37 millones de euros acordados, los responsables de la fundación –cuyo patronato está liderado por el Arzobispado de Madrid e integrado, además, por el Ayuntamiento de la capital, Delegación del Gobierno y dos parroquias– sopesan ahora emprender las acciones pertinentes para recuperar los inmuebles y revertir el polémico proceso.

Este no sería el único caso. La decisión del Arzobispado afectaría también a la venta de la Parroquia de San Jorge –así como una residencia de mayores, dentro del mismo complejo– a la Universidad de Nebrija, en este caso a manos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio. Según ha podido saber ABC, otra segunda querella presentada contra esta operación ha sido remitida por Anticorrupción a la Fiscalía de Madrid, a fin de que investigue si guarda relación con la citada venta acometida por Fusara.

A ello se suma el acuerdo de compra con la promotora inmobiliaria Metrovacesa, por el que Fusara se comprometió a adquirir por 48 millones de euros un solar destinado a oficinas en el barrio de Valdebebas. Tras hacerse pública la liquidación del patrimonio, el Arzobispado ordenó frenar esta adquisición, pese a que ya se había adelantado alrededor de la tercera parte del pago. Fue entonces cuando Metrovacesa intentó activar una cláusula del contrato por la cual recuperaría los terrenos sin tener que devolver lo ya ingresado; extremo finalmente denegado por el Registro Mercantil.

El escándalo de la liquidación de bienes saltó a la luz después de que algunos residentes de los 14 edificios propiedad de Fusara comenzaran a recibir cartas en las que se notificaba el cambio de titularidad de estos inmuebles y la futura extinción de sus contratos de arrendamiento. «Los burofaxes han seguido llegando durante la pandemia», explica Mónica Sevil, abogada y una de las vecinas agraviadas, tras ser contactada por este diario: «Se están investigando delitos por administración desleal, estafa, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental». El proceso todavía está en fase de instrucción. Con todo, señala Sevil, son varios los moradores que han optado por abandonar sus casas debido a la difícil situación.

En octubre de 2019, el delegado del Arzobispado de Madrid en el patronato de Fusara, David López Royo, dimitía de su cargo en plena polémica por la enajenación de estos bienes, donados a la fundación a principios del siglo XX para fines benéficos.

La venta de los 14 inmuebles, pilotada por el propio López Royo, se produjo el 30 de julio de 2019 con la autorización de todo el patronato. Si bien fuentes de la Delegación señalaron en un primer momento que su entonces representante, María Paz García Vera, ni estuvo en este encuentro ni delegó su voto, este periódico accedió después a unos documentos que probaban que sí autorizó a López Royo a votar en su nombre. Idéntica situación que el exconcejal Mauricio Valiente, que declaró que «no le constaba» haber delegado, pero su rúbrica también aparecía en las actas. Es decir, la firma se hizo por unanimidad.

Los compradores fueron 14 sociedades, creadas solo unos meses antes de la operación y con un capital de 3.010 euros cada una. Todas pertenecen a la matriz Tapiamar, de la que no se conoce otro responsable que Roberto de Juan González. Sin embargo, fuentes cercanas al caso apuntan a un holding luxemburgués –creado al mismo tiempo que Tapiamar–, que podría haber sido el responsable de inyectar el dinero destinado a la transacción.