Una fundación liquida en una operación opaca 14 edificios que heredó para fines benéficos

Alrededor de 200 familias se han visto afectadas por una transacción que pervierte la promesa de Fusara -constituida tras la fusión de las fundaciones de Santamarca y San Ramón y San Antonio- de no vender las viviendas por al carácter benéfico de su obra. Así, muchas de ellas invirtieron decenas de miles de euros en reformar unas casas que deben abandonar, sin posibilidad de renegociar los alquileres o igualar las ofertas. «Nos han conducido a un callejón sin salida», señalan varios de los agraviados, con la sospecha de que el negocio es, en realidad, un «pelotazo» urbanístico.

Se da la circunstancia de que detrás de cada una de las 14 propiedades vendidas hay otras tantas sociedades, con un capital social mínimo (3.010 euros) y un único administrador común, Roberto de Juan González; el mismo que aparece al frente de Tapiamar, el grupo inmobiliario que figura como matriz de las empresas. Una maraña societaria creada ex profeso para ejecutar la operación. Este periódico trató ayer en reiteradas ocasiones de contactar sin éxito con el secretario de Fusara, Manuel Fernández Clemente, señalado como uno de los principales impulsores de la liquidación.

La pregunta que se hacen los inquilinos es cómo la fundación ha liquidado su patrimonio sin mayor explicación . Los responsables, en principio, son las administraciones que componen el Patronato de Fusara -Arzobispado, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno- y el protectorado de fundaciones de la Comunidad, encargado de velar por que no exista ninguna irregularidad.

Si bien la ley estatal de Fundaciones señala que toda enajenación de bienes debe pasar su filtro, es la Comunidad Autónoma quien tiene la competencia exclusiva, cuya normativa establece que no necesita autorización . Fuentes del protectorado de la consejería de Educación señalaron a ABC que solo necesitan de una notificación, ya recibida.

No obstante, la legislación regional señala que la Comunidad «exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas impuestas sobre bienes para la realización de los fines de interés general», lo que ha abierto la puerta a que esta problemática se cuele en el debate político . El diputado de Más Madrid en la Asamblea Hugo Martínez Abarca registró ayer en la mesa de la cámara dos cuestiones sobre Fusara. La primera, si el Gobierno «ha recibido reclamaciones, solicitudes o escritos de cualquier otra índole» de los afectados por la venta masiva de los inmuebles y, segundo, «qué tareas de fiscalización y control ha realizado o tiene previstas» sobre la fundación.

Respecto a los miembros del Patronato, ninguno asumió ayer su cuota de responsabilidad. Al tiempo que la Delegación del Gobierno (PSOE) reconoció abiertamente que no estuvo en la sesión donde se aprobó la venta , el Ayuntamiento de la capital (PP) se desmarcó y alegó que la operación fue heredada del Gobierno de Carmena. Los párrocos de Asunción de Nuestra Señora y San Juan de Ribera remitieron a Fusara, ajenos a su silencio.