Llop lanzó las nacionalizaciones masivas sin ningún aval jurídico

Pero es precisamente el uso de una simple instrucción firmada por una directora general para modificar el contenido de una ley lo que ha llevado tanto al PP como a Vox a poner en duda su encaje jurídico y ha situado la reforma ante los tribunales. Y es que la Ley de Memoria Democrática solo prevé, grosso modo, dispensar la nacionalidad española a los nietos y bisnietos de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, pero la instrucción la amplía a los de cualquier emigrado.

Además, la Constitución establece en su artículo 11 que «la nacionalidad española se adquiere (...) de acuerdo con lo establecido por la ley», lo que abre el debate jurídico sobre si se puede acceder a ella mediante un instrumento de menor rango. De hecho, Puente apoya su argumentación en la Ley del Sector Público, pero este texto define las instrucciones como una herramienta que «los órganos administrativos» pueden utilizar para «dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes».

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En ningún caso esta ley contempla que una instrucción tenga capacidad para crear nuevas normas, modificar el contenido de una ley o pueda tener impacto presupuestario significativo. En este sentido, el mismo texto enumera las funciones de los directores generales que restringe básicamente a «impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo». Y la Ley de Memoria Democrática no atribuye a la Dirección General de Seguridad Jurídica ninguna delegación para interpretar el texto.

La contestación de Justicia al Consejo de Transparencia se produce en respuesta a un recurso presentado por el abogado Guillermo Rocafort, al que el ministerio que encabeza Pilar Llop ha venido negando reiteradamente documentación sobre la reforma.

Además de las dudas jurídicas existentes sobre el encaje legal de esta maniobra del Gobierno, lanzada con vistas a aumentar los votos del PSOE en el exterior, tampoco está claro cuál será el coste. La nacionalidad de origen da derecho a percibir pensiones no contributivas y diversos subsidios y ayudas, así como el acceso a la sanidad pública, pero el Gobierno no ha ofrecido estimaciones y ahora, gracias a la respuesta de Justicia al Consejo de Transparencia, trasciende que ni siquiera realizó esos cálculos. Según los últimos datos ofrecidos por Exteriores, la red consular española había nacionalizado a 26.477 extranjeros con la Ley de Memoria en solo cinco meses.

A ello hay que sumar el precio de la implementación material de la propia reforma. ABC publicó en julio que Exteriores había alquilado cinco locales para tramitar exclusivamente peticiones de nacionalidad por la citada ley. También en una respuesta a través de Transparencia a Rocafort, la directora general del Servicio Exterior ha cifrado en 168.175 euros el coste de esos arrendamientos por dos años. Las oficinas se sitúan en México, La Habana y Panamá, siendo ésta última de lujo.

Los refuerzos de personal que el Gobierno ha tenido que realizar en los registros civiles y el Servicio Exterior para hacer frente al aluvión de peticiones de nacionalidad elevan, aún más, la factura sin que el Gobierno haya sido transparente al respecto.