Sánchez, forzado a desvelar su plan para aumentar las nacionalizaciones

El presidente de la citada institución, José Luis Rodríguez Álvarez, firma una contundente resolución en contra del Ejecutivo, al que obliga a hacer públicos estos documentos a más tardar este viernes. A lo largo de nueve páginas, el CTBG desmonta todos los argumentos que los socialistas llevan utilizando desde diciembre del año pasado para no sacar las circulares a la luz: desde que eran solo documentación auxiliar, a que debían tener la consideración de confidenciales pasando porque su difusión requeriría una reelaboración. «No resultan de aplicación las causas de inadmisión y los límites invocados», concluye el Consejo de Transparencia, recordando «el derecho de todas las personas a acceder a la información pública» y fallando a favor del abogado Guillermo Rocafort, quien solicitó las circulares ya en octubre.

Además, la citada institución abronca al Gobierno porque no respondió al jurista en plazo sin «causa o razón que lo justifique». «Es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del Derecho Constitucional de acceso a la información pública», subraya la resolución, a la que ha tenido acceso ABC. En esta línea, el CTBG remarca que fue «el propio legislador» el que «se encargó de subrayar» en el preámbulo de la Ley de Transparencia que «facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública» requiere «un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta».

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El responsable de esconder estas circulares fue el Ministerio de Asuntos Exteriores, que comenzó invocando frente Rocafort que los citados documentos tenían ese carácter «auxiliar o de apoyo». Esta circunstancia conforma uno de los límites que establece la Ley de Transparencia y que libra al Gobierno del deber de facilitar información. Pero este punto se refiere a notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Aun así, Exteriores utilizó este límite, aunque implicaba rebajar la categoría de sus propias circulares oficiales, en las que da órdenes de obligado cumplimiento. «Son, de manera inequívoca, comunicaciones, como se refleja además por el medio empleado», argumentó el departamento de José Manuel Albares.

El Consejo de Transparencia echa abajo de manera inequívoca este pretexto. «El hecho de que se trate de disposiciones de carácter interno no comporta necesariamente su consideración como información auxiliar o de apoyo», recalca la resolución. «Atendiendo a su contenido, en la medida en que se contienen las pautas interpretativas de la Ley de Memoria Democrática y las instrucciones a seguir respecto de las solicitudes de nacionalizaciones, tienen un componente decisivo en la forma de actuar de las Administraciones públicas y su aplicación a las terceras personas afectadas», añade el CTBG.

A partir de aquí, el Consejo de Transparencia recuerda que «existe un consolidado criterio según el cual en ningún caso tendrá la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo» aquella que «tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano». A este ámbito pertenecen las circulares sobre las nacionalizaciones, lo que las convierte en relevantes «para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación», según el Consejo de Transparencia.

Para concluir que el límite de la información auxiliar no es aplicable a estos documentos, la citada institución también pone sobre la mesa la jurisprudencia sentada por la Audiencia Nacional, recordando que no considera material de apoyo aquel que pretende «objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados».

La principal incógnita que rodea a este caso es cuál es el contenido de las citadas circulares para que el Gobierno haya decidido utilizar un criterio sin encaje legal para mantenerlas ocultas a la opinión pública. Según las alegaciones de Rocafort ante el Consejo de Transparencia, estos documentos adelantaron la polémica instrucción con la que el Ministerio de Justicia amplió por la puerta de atrás la concesión el DNI y del derecho a voto a cualquier hijo, nieto o bisnieto de español, y no solo a los descendientes de exiliados del franquismo y la Guerra Civil, como establece la Ley de Memoria.

En esas circulares, según el jurista, también se contiene un plan de contenidos, así como recomendaciones y previsiones dirigidas a los consulados. Entre ellas, «realizar acciones divulgativas» sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad española con colectivos o asociaciones, o la expectativa de que se produciría «un volumen significativo de solicitudes de nacionalidad en algunas oficinas consulares» y sería oportuno «establecer un turno especial de atención, fuera del horario habitual». Este posible contenido, según alegó Rocafort al Consejo de Transparencia, «es una prueba del interés por parte de Albares para que se agilicen las nacionalizaciones antes del ciclo electoral de 2023».

En enero, tras recibir estas alegaciones, el Consejo de Transparencia solicitó a Exteriores que le remitiera «copia completa del expediente» y de las alegaciones que considerara pertinentes. Pero en febrero, este ministerio volvió a negarse a entregar las circulares. «Son 'comunicaciones (...) entre órganos o entidades administrativas'», reiteró, añadiendo dos nuevos argumentos que también han sido tumbados ahora por el Consejo de Transparencia. Por un lado, que la entrega de esos documentos requería «de un trabajo previo de búsqueda, recopilación y reelaboración». Por otro, que el objetivo de estas circulares era «el estudio de eventuales necesidades» por lo que quedan protegidas por «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

Respecto a ambas cuestiones, el CTBG reprocha a Exteriores que las invocara de forma «tardía» y sin suficiente justificación. Así, considera «evidente» que publicar las circulares no comporta «una tarea previa de reelaboración» tal y como la entiende «la jurisprudencia del Tribunal Supremo». Y ello porque «la información no se encuentra dispersa o en diferentes formatos ni es preciso realizar una tarea de recabar, ordenar y sistematizar a fin de poderla proporcionar». «Se trata de una circular elaborada por el Ministerio que ha sido dirigida a diversos consulados», recalca. Para terminar, el Consejo de Transparencia afea a Exteriores «la mera alusión» al límite de la confidencialidad porque «no solo no resulta suficiente, sino que en este caso, las circulares son precisamente la plasmación y comunicación de una decisión ya tomada por el órgano jerárquico superior a efectos de que sea cumplida por los órganos dependientes».

Si el Gobierno quiere negarse de nuevo a publicar las citadas circulares, debe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra Transparencia. Tiene dos meses para hacerlo.