Koldo García, a Armengol tras colocarle un negocio de Aldama: «Cariño, te mantengo informada»

Una cadena de mensajes enviados a la entonces presidenta balear y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, revela la fluidez de la relación entre ambos cuando en agosto de 2020, él le pregunta si la pilla de vacaciones y si le puede llamar. «A lo mejor a mediodía tengo un momento y lo intento», contestó ella. La llamada debió producirse porque esa misma tarde, como detalla la UCO, Armengol le envió a Koldo el teléfono de Patricia Gómez, indicando que era la consejera autonómica de Salud. «Vale cariño te mantengo informada de todo», respondió Koldo García.

Al día siguiente, el asesor de Ábalos le pasaba el número a Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama e impulsor de ese negocio para realizar pruebas PCR por cuenta de las sociedades Eurofins Megalab y Fertinvest. El resultado es que en 48 horas, Koldo le había conseguido a Tapia una reunión con la consejera de Salud de Baleares para ofrecer su negocio.

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«Analizada la conversación de WhatsApp en el teléfono de Tapia con Patricia Gómez, se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia Gómez se ha podido observar como Tapia habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García, Manuel Palomino y Juli Fuster», relata la UCO.

No fue en balde. La Plataforma de Contratación del Sector Público devuelve el resultado: «Eurofins Megalab resultó adjudicatario de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640 euros por la realización de pruebas diagnósticas Covid-19 a los residentes baleares que regresaban a las Islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad», dice el informe.

Venía de hacer una gestión similar con Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias. El origen está en una conversación entre Koldo y Aldama. Era 14 de agosto. El comisionista sugiere hacer en las islas «lo de los PCR» y el asesor le cuenta que el presidente canario «le había dicho que quería hablar de este mismo tema». «Es muy importante y nos debe una grandísima», contesta el comisionista.

Tres días después, Koldo envía un audio a Torres y le presenta a Megalab «como un laboratorio completamente introducido en Canarias, y que había ideado un protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos 'seguros' del virus» pero para la UCO la clave está en que el asesor añade que Ábalos tiene «conocimiento» del tema, que es «interesantísimo». En días posteriores, le insistiría: «Apreta (sic.) con los pcr que lo consigues seguro, queda nada para que te los pongan», llegó a decir.

No constan respuestas del ahora ministro en el informe. Lo que sí aparece es que Tapia también le escribió poniéndose a disposición, enviándole una presentación en PDF de sus laboratorios e insistiendo en el tema de parte de «K», así como un audio dando cuenta al resto de los socios de que en Canarias «lo dan por hecho».

Lo que dice la Plataforma de Contratación del Sector Público es que el 18 de diciembre de 2020, y los días 1 de enero y febrero de 2021 se formalizaron tres contratos públicos que suman algo más de 5,3 millones de euros. Todos tienen relación con el covid aunque el primero «coincide con el proyecto para el cual Koldo habría tratado de ejercer su influencia».

Una región más. La Rioja. «El día 16 de octubre de 2020 Koldo consigue el contacto de Sara Alba Corral, consejera de Sanidad de esa Comunidad, directamente dependiente de la entonces Presidenta de la Rioja, Concepción Andreu», concreta la UCO. Fue ella quien le dio el contacto de su consejera y a renglón seguido, el asesor de Ábalos se lo pasó a Aldama y este, a su vez, a Tapia. Tres días más tarde, el subdirector General de Salud Pública de la Rioja, Rubén Vinagre, ya le estaba escribiendo diciendo que esperaba su llamada.

Son casos, dice el informe, «donde Koldo, a instancias de Aldama, trata de favorecer la actividad económica de Fertinvest». «Para ello, además de valerse de sus propios contactos, citaba el respaldo que tenía del ministro para conseguir sus pretensiones», señalan los investigadores. Refieren que en este contexto, los socios de Aldama, que también fueron detenidos cuando estalló la causa, aprovechaban «la ventana de oportunidad» que se abría así ante ellos.

Pero no eran sólo cargos autonómicos. Hasta Luis Rubiales, el denostado expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, pendiente de juicio por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jennifer Hermoso e investigado por delitos de corrupción en relación a la Supercopa, también fue contactado por Koldo García para que contratase el negocio de las PCR.

«Estoy cogiendo ahora mismo el avión para Dusseldorf, en cuanto aterrice en Dusseldorf le pego un toquecillo y le digo que el lunes lo llama el Director de Competición. Un abrazo grande, Koldo», contestó Rubiales tras el toque previo del asesor ministerial, el 21 de agosto de 2020, adjuntando el móvil de Tapia.

Aldama le había pedido que lo hiciese como cosa suya. Quería colocar a la RFEF el negocio para hacer las pruebas diagnósticas en los estadios de fútbol y él hizo la gestión. Tras ese primer audio, a las 17:18 horas de ese mismo día, Rubiales le envió otro: «Koldo, lo de la llamada ya ha sido realizada, la semana que viene le llamarán del Departamento médico para hablar con él. Un abrazo grande». Quedaron, según diría Tapia a sus socios, el 1 de septiembre para hacer la presentación del proyecto a la directora médica de la Federación.

«Habida cuenta de todo lo anterior, se observa cómo la influencia de Koldo en beneficio directo de Aldama no se constreñiría a la presentación puntual de una posible vía de negocio, sino que se prolongaría en el tiempo, como la casuística expuesta demuestra», dicen los investigadores.

Y Koldo habría estado cobrando por ello de la trama. Según la tesis de la UCO, desde octubre de 2019 y hasta julio de 2022, entre 11.500 y 10.000 euros al mes, porque como decía el comisionista a un tercero, «la máquina necesita aceite».