Interior no incluyó condiciones anti-Huawei en el pliego del contrato

Las razones que permiten al gigante chino presentar siempre la oferta más barata son dos. La primera es que la mano de obra es mucho más barata en China que en la Unión Europea porque, entre otras cosas, sus empresas no tienen que asumir los costes sociales que asumen las que se encuentran en el Viejo Continente.

La segunda razón es que el Gobierno chino quiere que sus empresas de tecnología se expandan internacionalmente al máximo y existen serias sospechas sobre la concesión de ayudas estatales para permitir que las compañías de ese país sean imbatibles en cuanto a precio. De fondo, la Ley de Seguridad Nacional china establece que toda compañía radicada en ese país está obligada a proporcionar al Partido Comunista chino cualquier información en su poder que éste le solicite, sin necesidad de pasar por los tribunales.

Esta disposición es la que convierte a Huawei en un problema para la seguridad nacional del resto de países del mundo pero especialmente para sus rivales, ya que cualquier información que pase por su tecnología puede acabar en manos del Gobierno chino, que podría utilizarla pero también venderla o cederla a terceros.

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Ana Sánchez

El Ministerio del Interior hizo hincapié en que la adjudicación se había producido porque la oferta de Huawei había sido la más barata y la ley española le obligaba a otorgársela tras destapar 'The Objective' el contrato. Pero si el Gobierno ya conoce que el gigante chino siempre presenta la oferta más económica, la pregunta que surge es por qué esta vez no se pusieron trabas que hubieran impedido que la adjudicación se decidiera por una cuestión de precio. O formulado, de otro modo, ¿se permitió que Huawei ganara el contrato de manera deliberada, por un error en la redacción de los pliegos que nadie detectó o porque de verdad pensaba el Gobierno que el contrato que no iba a ser problemático?

Cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consideró que esta adjudicación al gigante chino de las comunicaciones era «una metedura de pata», como publicó ABC. Y la defensa cerrada de la adjudicación que el Ministerio del Interior hizo desde el primer momento y a la que Presidencia del Gobierno se unió después apuntan a que no fue un error. Sin éxito hasta el momento, y además de señalar al precio como causa, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste contra viento y marea en que «la ciberseguridad está garantizada» tras este contrato, pese a las advertencias de los expertos en esta materia en España y la alerta que se ha generado tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el seno de la Unión Europea. El contrato asciende a 12,3 millones de euros.

«España garantiza que toda la información compartida con los servicios españoles de inteligencia, defensa y Fuerzas de Seguridad es completamente segura e inaccesible para gobiernos extranjeros. Los sistemas de protección y acceso al Sistema Integrado para la Interceptación Legal de las Telecomunicaciones son proporcionados por proveedores estadounidenses de confianza (Fortinet, Palo Alto y Cisco). El sistema de almacenamiento está cubierto por varias capas de seguridad con tecnología estadounidense que monitoriza su comportamiento», ha insistido el Ejecutivo sin éxito tras la ola de críticas.

El episodio, además, ha sido explotado por Estados Unidos por una segunda razón, la comercial, dado su interés económico en que la tecnología que adquieran sus aliados sea estadounidense. Algo previsible tras la carta enviada por Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la Cumbre en La Haya amenazando con bloquear el acuerdo de invertir el 5% del PIB en defensa.

Todo esto se produce, además, cuando el Gobierno español lleva evitando desde el año 2022 calificar a Huawei como operador de riesgo. El decreto de seguridad de las redes 5G aprobado en mayo de ese año incluyó una disposición para poder hacerlo en el plazo de tres meses, con el objetivo de facilitar la protección del país frente a operadores que no pueden asegurar la seguridad de los datos que pasan por sus equipos. Sin embargo, el miedo a enfadar a China llevó al Ejecutivo a ignorar su propia disposición, aunque era completamente garantista. Es decir, el proceso de calificación debía incluir una audiencia a los operadores y suministradores 5G afectados, lo que habría permitido a Huawei y el otro gigante chino ZTE defender sus argumentos, y obligaba al Gobierno a analizar «tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de sus equipos, productos y servicios como su exposición a injerencias externas». Pero nunca llegó a ponerse en marcha.

Además de generar al Gobierno problemas en el exterior -Estados Unidos y la Unión Europea-, la falta de una explicación convincente sobre la adjudicación de Interior a Huawei en este momento está sirviendo de munición política al Partido Popular.

Su secretario general, Miguel Tellado, está trazando una línea de ataque al Gobierno en la que está incluyendo la acusación de posible corrupción y en la que está apuntando a las figuras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dadas sus labores de defensa del régimen chino, y al exministro socialista, Pepe Blanco, por los servicios de lobby prestados por su consultora, Acento, a Huawei, de lo que la compañía se desvincula.

La línea de los populares continúa señalando al actual al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, al haber trabajado para Acento hasta 2023 llevando precisamente la cuenta de Huawei, y a su esposa, Anabel Mateos, trabajó para la misma consultora y hoy ocupa el cargo de adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE. El Grupo Popular ya ha pedido que Hernando comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y ha solicitado lo mismo para otros cuatro ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares. Con esta estrategia se asegura seguir manteniendo viva la polémica.