EE.UU. exigió a España que sus secretos no pasen por Huawei ni ZTE

«Estados Unidos ha advertido varias veces de que necesita un 'clean path' (camino limpio) para pasar información», explican. Esta reclamación implica que España no contrate con empresas chinas ningún servicio o equipamiento que pueda acabar afectando a la información confidencial que Estados Unidos comparte con nuestro país si quiere seguir recibiéndola. El aviso empezó a producirse a partir del primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos y no es una posición solo de Washington sino que encaja con las directrices de la Unión Europea y de la OTAN.

Por eso, a las citadas fuentes no les extraña en absoluto que las dos máximas autoridades en inteligencia del Congreso, el senador Tom Cotton y el diputado Rick Crawford, pidieran la semana pasada a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabard, que no se comparta con España ningún tipo de información que Estados Unidos no quiera que acabe en manos del Partido Comunista Chino.

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Enrique Serbeto

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«Entra dentro de lo previsible que un contrato como el de Huawei escandalice a Estados Unidos y a Bruselas», subrayan, sin querer entrar en si la licitación respondió a que el Ministerio del Interior pecó de ingenuo al pensar que no era problemática o existió una directriz para no impedir que Huawei terminara haciéndose con ella.

Si bien la seguridad es la primera motivación de Estados Unidos y la Unión Europea para expulsar a Huawei y a ZTE (el otro gran operador chino de equipamiento) de las telecomunicaciones y las redes, fuentes de Inteligencia consultadas por ABC ponen sobre la mesa el segundo motivo que existe en el caso de Washington: el comercial, en el sentido de potenciar que sus aliados compren los equipos a empresas norteamericanas. «Es normal que Estados Unidos prefiera que se utilice su tecnología para los intercambios de información con terceros, pero detrás de ello también hay un tema comercial que es bastante evidente. Lo cierto es que esto se ha ido de madre, no da mucho más de sí», precisan fuentes de Inteligencia consultadas por ABC.

En este sentido consideran que la contratación de tecnología de Huawei por parte del Ministerio del Interior «ha sido un claro ejemplo de lo que se conoce como una 'acción de influencia' contra China, en la que Estados Unidos ha aprovechado la polémica para poner bajo sospecha a una empresa de comunicación de ese país con el objetivo de presionar para que se contrate tecnología norteamericana, o israelí». «Prefieren, claro, que las adjudicaciones recaigan en firmas norteamericanas», subrayan.

Aunque tal como adelantó ABC los servicios de inteligencia españoles consideran una «metedura de pata» la contratación hecha por el Ministerio del Interior, sobre todo porque ofrecía a Estados Unidos una oportunidad perfecta para pasar factura a España en un momento en el que las relaciones entre ambos países atraviesan por uno de sus peores momentos, las mismas fuentes advierten de que se trata de una polémica en parte artificial. «Lo que se ha comprado son sistemas de almacenamiento de información que no están conectados con la red, de modo que un tercero no puede conocer los datos almacenados sin tener acceso físico a esos sistemas», precisan.

Hay que entender además el momento en que ha surgido este asunto, poco después de una cumbre de la OTAN en la que España ha sido el único socio que no se ha comprometido a destinar el 5 por ciento de su presupuesto a gasto de Defensa, lo que provocó la indignación de Donald Trump: «Primero amenazó sólo a España con subirle los aranceles, lo que no pudo porque la negociación es con el conjunto de la Unión Europea; y este tema le vino de maravilla para 'tocar las narices', dicho de forma gráfica».

Este tipo de adjudicaciones de tecnología sensible para la seguridad se hacen siguiendo las directrices que se fijan en el Esquema Nacional de Seguridad, y «así ha ocurrido también en esta ocasión», precisan las citadas fuentes. «Si hay licitación y no existe la prohibición expresa por parte del Gobierno de contratar con empresas de un país determinado, entra a operar el aspecto económico y la administración está obligada a elegir la oferta más barata».

En este punto hay otro ejemplo muy claro: «No se puede contratar con empresas rusas, porque estamos enfrentados a ese país por la invasión de Ucrania; pero en ningún lado figura la prohibición de hacerlo con compañías chinas, como ha sucedido en esta ocasión».

Y ésta es la gran cuestión, porque es una asignatura que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pendiente desde que aprobó el decreto-ley 7/2022 para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G. El Gobierno de Pedro Sánchez lo aprobó para integrar las directrices de la Unión Europea incluyendo una disposición para señalar a los operadores que deben considerarse de alto riesgo (Huawei y ZTE con toda seguridad), pero nunca se ha atrevido a hacerlo (ver página siguiente).

Sin embargo, añaden, «tampoco se puede pasar por alto el hecho de que la ley de seguridad nacional china obliga a todas las empresas del país a facilitar al Gobierno toda aquella información que le sea requerida en cualquier momento y a la que haya tenido acceso». El Partido Comunista Chino no necesita ni siquiera acudir a los tribunales del país para tener acceso a esa información; le sirve simplemente con requerírsela a la empresa y la facilitación de la misma, lógicamente, no tiene que ser comunicada por la empresa china a sus clientes, de tal manera que la información que circule por un equipamiento chino no está asegurada.

Como es lógico, esta normativa legal levanta susceptibilidades y, por ejemplo, provoca que Bruselas haya emitido la directriz de dejar fuera del 5G a toda la tecnología china, ya que es más vulnerable a las intrusiones. España, por el momento, ha acatado esa línea aunque estuvo cerca de saltársela en el contrato para el desarrollo del 5G en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes.

La adjudicación se llevó a cabo con un importante volumen de ayudas europeas y una de las condiciones impuestas desde Bruselas fue que no pudiera entrar ningún tipo de equipamiento chino en el desarrollo. Esta condición fue determinante para bloquear a Huawei, que con el potente lobby con el que trabaja ya se había movilizado para intentar entrar en la adjudicación.