La Xunta reclama las competencias del litoral tras el visto bueno del Constitucional

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Pablo Pazos

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Por ello, una vez resuelto el recurso de inconstitucionalidad tras la sentencia del pasado mes de abril, desde la Xunta insisten una vez más en que el Gobierno «agilice y facilite el traspaso de las funciones», así como los «medios materiales y personales necesarios» para que Galicia pueda asumir de «inmediato» y «de forma efectiva» la gestión de su franja costera. En estos términos se expresó Vázquez en declaraciones a los medios previas a su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, dedicada a la adaptación de las ciudades costeras al cambio climático.

La titular de Medio Ambiente de la Xunta defendió la importancia de la norma, aprobada en junio de 2023 por el Parlamento de Galicia, como «una herramienta fundamental en las políticas de la Xunta para hacer frente al cambio climático» y animó al resto de gobiernos autonómicos a seguir la senda de Galicia, con legislaciones que pueden ser adaptadas tras el visto bueno del Tribunal Constitucional. «Partiendo siempre de una base científica que permita abordar la regulación de la costa con claridad y seguridad jurídica», añadió Vázquez.

La conselleira tuvo ocasión ayer de reunirse con su homólogo del ejecutivo cántabro, Roberto Media, así como las alcaldesas de Santander y Valencia, Gema Igual y María José Catalá, para abordar las implicaciones de la ley en la gestión del litoral. Asimismo, participó en la mesa redonda de la UIMP 'La adaptación al cambio climático en las ciudades', donde defendió el papel de la Loxilga como un «marco de seguridad jurídica» para llevar a cabo medidas efectivas sobre la gestión «sostenible» de la franja litoral urbana de Galicia.

A pesar de los cuatro meses que separan la sentencia de la actualidad, en la que se «reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad sobre su litoral y los usos y actividades que puede acoger», recordó la conselleira de Medio Ambiente, el avance de las negociaciones entre las administraciones autonómica y central es nulo. Según Vázquez, la última comunicación que recibió la Xunta por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) corresponde al pasado 26 de julio, y en ella no se «concreta ni aclara nada sobre el traspaso de funciones ni los plazos establecidos para hacerlo efectivo».

Una actitud por parte de la Moncloa que la titular de Medio Ambiente afeó al considerarla una forma de «dificultar la aplicación de la Loxilga», después de que la norma estuviese paralizada durante seis meses en los que el Constitucional estudió el recurso interpuesto por el Gobierno Central. Ante el inmovilismo en las negociaciones, Vázquez reclamó «lealtad y respeto institucional» al Gobierno de Pedro Sánchez en un asunto que consideró «crucial» para Galicia, la comunidad autónoma con más kilómetros de costa. De esta forma se dejaría de «perder más tiempo» debido a la «descoordinación» entre departamentos, concluyó Vázquez.

La medida, una vez ejecutada, convertirá a Galicia en la primera comunidad autónoma en regular por ley la gestión integra de su litoral. Una competencia más, aunque desde la Xunta no se quedarán ahí, ya que el traspaso de la AP-9 continúa sobre la mesa, tal y como señaló el presidente Alfonso Rueda tras conocer la sentencia favorable del Supremo respecto a la Loxilga.