El Constitucional avala por unanimidad la Ley del Litoral que Moncloa había recurrido

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno central en contra de la redacción gallega de la ley era que invadía competencia estatales y que, además, infringía la Ley de Costas del Estado. Sin embargo, para el pleno del Constitucional, no hay problemas de incompatibilidades. Es más, la sentencia rechaza, abiertamente, que la regulación de los instrumentos de ordenación del litoral y de los concretos usos que podían realizarse en el mismo sean contrarios a las disposiciones de la legislación estatal de preservación del dominio público marítimo terrestre.

Despejada la incógnita de si la ley gallega se había extralimitado en sus competencias, el alto tribunal señala también la «trascendencia» que tendrá esta resolución sobre la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, «ya que se puede convertir en un precedente importante». Yendo al detalle de la decisión del pleno del Constitucional, su conclusión, tras analizar de manera pormenorizada tanto el texto como las críticas al mismo, se basa en dos argumentos de peso. Por un lado, indican los ponentes, en que los preceptos impugnados en abstracto no contravienen la normativa estatal, y que la ley gallega salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas; y, en segundo lugar, en que «permanecen incólumes las facultades estatales, como titular del dominio público marítimo-terrestre, si en el caso concreto, la autorización o el concreto plan aprobado incumpliera la legislación en materia de costas».

Fuera de estas aclaraciones, la sentencia solo anota un rastro de inconstitucionalidad. A su entender, se declara nula la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre al contravenir la legislación estatal, así como el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones. Es decir, una mínima fracción de lo proyectado desde Galicia. La respuesta por parte del Ejecutivo gallego no se hizo esperar. A través de sus redes, el presidente Alfonso Rueda manifestó que, con esta decisión sobre la mesa, «Galicia podrá ejercer su derecho a ordenar su costa, nuestra riqueza». Sin pasar por alto los meses en los que la ley estuvo suspendida parcialmente, el popular reprochó «la falta de diálogo y el trato discriminatorio del Gobierno central, que ahora lo hacen quedar en evidencia. Esto era totalmente evitable». El mensaje del mandatario finaliza con un agradecimiento «a todos los que trabajaron y aportaron en el esfuerzo colectivo que es esta ley».

Durante meses de tensión por la ordenación del litoral gallego, la Xunta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar un «ataque» contra la costa gallega con su recurso y de «poner en peligro» más de 4.000 edificaciones y a más de 100 empresas y a sus trabajadores. Medio año de espera después, y con las tensiones ya rebajadas, se cierra un pulso judicial en el que el Gobierno gallego dio la pelea dentro y fuera de los tribunales. Intramuros, presentando hasta 350 páginas de alegaciones en tiempo récord para legitimar un texto que fue aprobado sin ningún voto en contra. Y lejos de los tribunales, en la calle, con ataques directos que se agudizaron cuando el PNV planteó la trasferencia de la gestión del litoral como condición para apoyar la investidura de Sánchez. «Cuando hacen falta los votos del PNV la Constitución da igual», llegó a afearle Rueda. El Constitucional ha tenido la última palabra.