Las agresiones en las cárceles gallegas se multiplican por cuatro en un año

El suceso lo desencadenó una discusión por una medicina que el interno estaba exigiendo y por la que no dudó en golpear en la cabeza al trabajador, que ingresó en urgencias con pérdida de memoria. En este caso, no fue posible evitar la agresión, pero los funcionarios consultados por ABC alertan de que las disputas son diarias y de que su trabajo en la mayoría de las ocasiones consiste en encauzarlas para que no lleguen a mayores.

A la hora de analizar las causas de un conflicto que a menudo se gestiona de muros para dentro, los funcionarios señalan que hay diversos condicionantes que están agravando una problemática inherente al día a día carcelario. En el caso de la agresión en Bonxe, las críticas se encaminan a realizar una correcta clasificación de los reclusos. A raíz del incidente de hace un par de semanas, en el que otro funcionario también resultó lesionado, se quejan de que a pesar de ser una cárcel de baja seguridad (grupo C), sigue acogiendo presos conflictivos y con tendencia a la fuga.

Los funcionarios de este penal explican que este tipo de reclusos deben alojarse en Teixeiro o A Lama, las cárceles modelo gallegas y las únicas preparadas para gestionar perfiles más violentos, pero desde estos penales critican la falta de medios para llevar a cabo su trabajo y hablan de 'grados encubiertos'. Con esta denominación se refieren a presos mal designados, que deberían estar en la mayoría de los casos en un régimen cerrado, pero que se calibran a la baja y pasan a convivir con internos más reinsertados. «Prima más la estadística que la efectividad. Están dinamitando el sistema por maquillar la estadística, pero cuando alguien es conflictivo tiene que saberse«, denuncian algunos de los sindicatos consultados a propósito de la realidad en los penales gallegos.

El sindicato Acaip, a través de su portavoz Joaquín Leyva, encara los factores que han provocado una merma de autoridad de los funcionarios en las prisiones y pone en duda, en una conversación con ABC, los datos oficiales de agresiones. «Solo se registran las agresiones que dejan marcas y si un ataque se logra esquivar, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, ni siquiera se tiene en cuenta», alerta. Sus palabras conectan con una «laxitud» a la hora de aplicar al régimen disciplinario a los presos que se saltan la normativa. «Ahora, los partes ya no afectan a los permisos de salida. Los presos ven cómo su actitud apenas tiene consecuencias», explica el trabajador, que también expone un aumento de la permisividad entre rejas que ha llevado a que «las agresiones verbales pasen a ser físicas, y las físicas leves pasen a ser más graves».

La sanción más común, explican los encargados de mantener el orden en prisión, consiste en que el reo no baje a las actividades comunales. Sin embargo, los propios empleados destacan que «a veces es precisamente lo que buscan, quedarse en su celda viendo la televisión y no salir». «Hay mucho 'buenismo' y el interno tiene la percepción de que no hay castigo» aseguran.

Sobre los contextos en los que tienen que actuar cuando la violencia se desata hablan de dos escenarios bien diferenciados: los ataques a los funcionarios y las peleas entre los propios presos. En este capítulo, desde Acaip ponen el foco en los enfrentamientos entre bandas o etnias, agravados por la clausura de algunos módulos por falta de personal. «Hay menos espacio, más sobreocupación, y es complicado tenerlos separados», aclaran. Sobre los ataques a los propios trabajadores, señalan que son habituales, «a veces varias veces en un mismo día». Salir indemnes de ellos y recuperar la paz carcelaria depende de la psicología con la que actúen en momentos de máxima tensión. «Pasamos de cero a cien en cuestión de segundos», introduce Leyva, para manifestar que el 90 por ciento de estos conatos se acaban redirigiendo gracias a la calma con la que saben que deben encarar el conflicto.

Pero en un 10 por ciento de las ocasiones, cuando el problema estalla, las herramientas con las que cuentan para controlar la situación son insuficientes. «La mayoría de lesiones se producen en intervenciones no preparadas, que se dan de un momento para el otro durante la actividad común y cotidiana», introducen. En este punto, los funcionarios asumen que «la única defensa es nuestra propia persona y la formación defensiva que tengamos, porque vamos a pecho descubierto«. La capacidad de cada empleado para repeler el ataque es clave, coinciden.

Pese a todo, en general echan en falta más medios para enfrentarse a presos con la agresividad desatada. Como ejemplo, algunos funcionarios de prisiones ponen los aerosoles —tipo gas pimienta— que el protocolo les permite usar pero que no están disponibles en las cárceles. «Están reconocidos pero no nos dejan usarlos», se quejan conscientes de que la persona a reducir suele tener su ataque bien planeado. «Si el enfrentamiento es en la celda, siempre echan agua y jabón en la entrada para que resbales, te desestabilices, y ellos queden en una situación ventajosa ya de partida». Un tema más polémico es el uso de pistolas Taser, que enfrenta a algunos sindicatos. Desde Acaip no están a favor de su uso porque consideran que puede tener más inconvenientes que ventajas, y optan por pistolas que lanzan un lazo que inmoviliza las extremidades del oponente. Pero esta posición no es compartida por otros como los integrantes del sindicato CSIF, que sí encuentran en este tipo de arma eléctrica una defensa efectiva. Su reclamación llegó el pasado año hasta el Gobierno central, que se negó argumentando que el protocolo ya contempla una docena de elementos coercitivos, como defensas de goma, aerosoles y grilletes.

En paralelo a las negociaciones con Instituciones Penitenciarias, plataformas como la asociación profesional de trabajadores penitenciarios 'Tu Abandono Me Puede Matar' llevan tiempo movilizando a los funcionarios para exigir, a las puertas de los principales penales del país, más seguridad en el desarrollo de su labor diaria. Galicia, donde algunos internos han logrado herir hasta a seis empleados y varios presos con el palo de una escoba astillado, no es ajena a las reivindicaciones. Entre ellas, la de que se les conceda la categoría de agentes de la autoridad. «Faltan efectivos, no estamos bien remunerados y sufrimos agresiones diarias. No somos vigilantes de discoteca», remarcan.