El Tribunal Europeo estudia una demanda contra el veto de una marcha en pandemia

La iniciativa del CUT, finalmente prohibida, pretendía realizar una marcha en coche por la ciudad de Vigo, con una única persona por vehículo y con mascarilla , para conmemorar el Día del Trabajador de 2020. Eran los momentos más duros de la pandemia y en pleno Estado de Alarma. En un primer momento, fue la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra la que desautorizó la protesta, resolución que luego confirmaría el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Después, en el mismo sentido se acabaría pronunciando la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en este órgano la resolución estuvo muy disputada: los magistrados estaban divididos y el voto de calidad de su presidente, Juan José González Rivas, fue el que acabó inclinando la balanza.

Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, ha admitido la demanda del sindicato, que señalaba al Gobierno español de haber vulnerado los derechos establecidos por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación.

En la rueda de prensa celebrada este lunes, el responsable de la asesoría jurídica de la CUT, Brais González, se ha mostrado «optimista» con que el TEDH les dé la razón, ante una decisión del Estado español que consideran «absolutamente arbitraria» .

Los responsables del sindicato han recordado que, en su día, habían trasladado a la Subdelegación del Gobierno su compromiso para adoptar todas las medidas de prevención suplementarias que se consideraran necesarias. E insistieron en que el tipo de marcha que habían diseñado nada tenía de diferente de los desplazamientos que cada día hacían en sus coches millones de personas para acudir a sus puestos de trabajo. Sin embargo, para enfado del sindicato, el Estado, lejos de recomendar medidas de prevención adicionales, s e limitó a dictar una «prohibición absoluta» . Al tiempo, «se permitía manifestaciones a la ultraderecha». «Hay derechos que no se pueden dejar a criterio de los gobiernos en función de intereses particulares», concluye el sindicato.