Un tercio de las licencias VTC gallegas está en manos de una sola empresa

La Federación de Autónomos del Taxi en Galicia (Fegataxi) urge a la Xunta que regule cuanto antes las VTC para evitar una competencia que consideran desleal. En un escrito remitido a la Consellería de Infraestruturas a finales de enero, advierten de que bajo la apariencia de economía colaborativa que ha llegado de la mano de aplicaciones como Uber y Cabify se empieza a gestar un «monopolio» controlado por unas pocas empresas.

Hasta ahora el negocio del taxi se encontraba repartido en muchas manos . En Galicia existen 3.632 licencias de taxi y, «como máximo, hay algún autónomo que tiene dos licencias», explican fuentes de Fegataxi. De las 276 VTC concedidas en la Comunidad, un centenar está en manos de Ares Capital. Según los datos del Registro de Empresas y Actividades del Transporte del Ministerio de Fomento, esta compañía controla 1.369 licencias de las algo más de 13.000 que existen en España y espera aún nuevas concesiones a través de sentencias judiciales. Unas 10.000 licencias, apunta Fegataxi, «con un valor potencial de 450 millones de euros, se encuentran en manos de 26 titulares, entre los que se encuentran directivos de fondos de inversión, empresarios del sector del acero, grandes empresarios del sector tecnológico español, etc».

Ares Capital también ha pasado a manos de un fondo de inversión estadounidense. El 5 de abril, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia autorizaba la venta de esta compañía a King Street Capital Management con oficinas en Nueva York, Londres, Singapur, Tokio y Charlottesville.

Fundada en 1993 por los hermanos Juan y Ramón Ortigüela, Ares Capital comenzó dedicándose al negocio de las VTC mucho antes de que las nuevas tecnologías permitiesen la aparición de aplicaciones tipo Uber en 2009 . Por aquel entonces ofrecía coches con conductor fundamentalmente a empresas para el traslado de directivos y empleados. En ciudades como La Coruña, explican los taxistas, era habitual que este tipo de firmas prestasen sus servicios a empresas como Inditex o al Banco Pastor. Hasta 2009, la legislación española establecía que solo se podía conceder 1 licencia VTC por cada 30 taxis. Pero las cosas cambiaron cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la Ley Ómnibus, liberalizando el sector por exigencias de la Unión Europea. Algunos empresarios, como los hermanos Ortigüela comenzaron a solicitar licencias. Eran mucho más baratas que la concesión de una parada de taxi. En La Coruña los precios rondan actualmente los 100.000 euros. Según Fegataxi, las licencias de VTC se conseguían en aquel entonces a una media de 35 euros en España. «Ahora se venden a 60.000» , apunta el escrito remitido a la Consellería. Ante las protestas de los taxis, en 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a instaurar la regla del 1/30. Pero miles de licencias ya habían sido concedidas. En Galicia otras empresas del sector también las pidieron, pero no en cantidades tan elevadas como Ares Capital. Según la Xunta, compañías como Limogalicia, Autos Vázquez, Autos Rayma o Traslados Operativos Clase Suprema Galicia poseen autorizaciones de VTC. Esta última, con sede en Vigo, es la que ahora trabaja a través de la plataforma Cabify en la capital herculina. Según el registro de Fomento, posee 15 licencias.

«Estamos muy contentos con la acogida de Cabify en La Coruña que, como esperábamos, está siendo positiva, con crecimiento gradual y confirmando que nuestra app viene a reforzar las opciones de movilidad en la ciudad», explica la compañía fundada en 2011 por el ingeniero español Juan de Antonio. La empresa asegura que de forma inminente no piensa implantarse en otras ciudades gallegas, pero recuerda que «en los planes de Cabify siempre está llevar alternativas de movilidad seguras y eficientes a las diferentes ciudades de España y de los demás mercados en los que operamos».

Pero los taxistas gallegos quieren que exista una regulación clara sobre las VTC en la Comunidad antes de que el desembarco sea masivo . Después de que el Gobierno central decidiese que las comunidades deben ser las encargadas de hacerlo, la pelota está en el tejado de la Xunta. Cataluña fue una de las primeras comunidades en hacerlo y decidió imponer a las VTC una precontratación de 15 minutos. Uber y Cabify anunciaron su marcha de Barcelona. En Madrid el Gobierno autonómico, en manos del PP, no ha cedido a las peticiones del taxi —que también exigía que los VTC no se puedan coger en el momento— alegando que se destruirían los puestos de trabajo creados a través de estas aplicaciones.

¿Qué hará la Xunta? En la propuesta de regulación remitida por Fegataxi, explica su presidente Manuel Sánchez Quindimil, «lo fundamental» es el tiempo de contratación previo . Los taxistas exigen que sea de tres horas, aunque se muestran dispuestos a negociar. Aseguran que así se evitaría que los VTC circulasen a la búsqueda de clientes por las calles. «En La Coruña acuden a los lugares de ocio nocturno a ofrecerse, no están ofreciendo el servicio correcto ni con la legislación actual», censura Sánchez Quindimil. La Xunta indica que ya se han iniciado algunos expedientes sancionadores .

La Consellería asegura que está analizando las demandas de los taxistas. Pero de momento no tiene en mente una fecha para sentarse a regular el tema como ya ha ocurrido en otras comunidades. Fuentes del departamento que dirige Ethel Vázquez apuntan que «la regulación se debe hacer con seguridad jurídica o puede contribuir al agravamiento del problema» . Consideran que debería ser el Gobierno central quien se encargase de la regulación y recuerdan que en el País Vasco el órgano de Competencia ha censurado la norma sobre las VTC y considerado «restrictiva» la precontratación previa de una hora. Infraestruturas avisa, además, de que si se limita la actividad de los vehículos de forma incorrecta es posible que estos exijan compensaciones que podría tener que asumir la Xunta.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno central da a las comunidades cuatro años para acometer la regulación de las VTC . Pero la norma se está tramitando también como ley y podría variar. La Xunta parece dispuesta a esperar a ver cómo queda definitivamente el marco legal.