La semana que pudo acabar sin la huelga de la Justicia

Todo aquello ocurrió la jornada del 18 de abril. El día en que el vicepresidente Alfonso Rueda dio a conocer la existencia de un preacuerdo con cuatro de las siete organizaciones sindicales del comité —CC.OO, UGT, USO y CSIF—, cuya validez duró lo que las tres centrales restantes —CIG, STAJ y CUT— tardaron en imponer sus postulados más radicales. En virtud de ese principio de pacto, la Xunta acometería un aumento salarial de 140 euros al mes para los médicos forenses, 133 para gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios judiciales; amén de otras prerrogativas. Algunos de los sindicalistas en aquella reunión conocían de primera mano la propuesta. Otros dicen que se enteraron «por la prensa», nada más terminar la reunión. Esa asincronía «cayó como un jarro de agua fría», reconocen algunos.

Las fuentes consultadas por este diario sitúan algunas de aquellas citas preliminares a comienzos de semana. El lunes 16, uno de los miembros del comité fue convocado por Vicepresidencia en San Caetano (Santiago)para entablar un diálogo con responsables de la Xunta, y en definitiva, «ver cómo respirábamos». Qué otra cosa se podía hacer, explican, si la huelga iba camino de los 80 días y los intentos previos por enterrarla habían hecho aguas. Se trató, según estas fuentes, de una cita individual, sin más compañeros presentes, y en la que se habló del compromiso de trasladar los «acuerdos verbales» alcanzados a las «asambleas de trabajadores». Rueda aseguró esta semana que había participado en la génesis del preacuerdo «como testigo presencial».

Después del miércoles y de que el vicepresidente destapara el contenido de aquellos contactos, algunos de los portavoces implicados ofreció explicaciones al resto, sin que por ello se lograra contener cierto cabreo. «No debió haber sucedido», alega uno, aunque excusa a sus colegas y encuadra las negociaciones dentro de una «estrategia de desgaste» para horadar en la unidad y la resistencia sindical. Al Ejecutivo autonómico le imputan haber puesto en marcha una maniobra «por detrás» e «ilegal», dada la ausencia de otros miembros del comité.

Es la reacción de las centrales que no recibieron ningún telefonazo de Vicepresidencia. Ahora, con la perspectiva y la ventaja que da saber que el preacuerdo no cristalizó, anuncian que de todos modos nunca se habrían sentado. «Tengo la responsabilidad de muchas personas a mis espaldas, no puedo andar trapicheando», señala un miembro. Otro se sacude el calificativo de «radical» y justifica que lo que quiere es no «cerrar en falso» el conflicto: sin una subida salarial suficiente, más los otros puntos en discusión, «va a seguir sufriendo la administración, los trabajadores y los ciudadanos», pronostica.

En el tiempo en el que se recobra la normalidad (dentro de la excepcionalidad), la Xunta advierte que ninguna «presión» la va someter a un «juego», «un bucle sin fin», o «una subasta» de incrementos salariales ad infinitum, con el único propósito de aplacar un problema laboral con el dinero de todos los gallegos. Los sindicatos nutren su argumentario con una cifra: 4 euros. La diferencia que separa las ofertas de ambas partes. Lo que está por ver es una agudización de las movilizaciones que no todos comparten. Mientras se prepara una «caravana» para instalar permanentemente frente a la Xunta, hay quien cree que llegados a este punto «no procede» andar poniendo globitos».