Los posibles inversores para Alcoa exigen energía más barata por ley

A mediados de enero, la multinacional estadounidense del aluminio daba un respiro a los casi 700 trabajadores de las factorías gallega y asturiana. Alcoa frenaba sus planes iniciales. Posponía el cierre inmediato y aceptaba mantener el empleo hasta el 30 de junio para facilitar la búsqueda de un comprador para las plantas. Pero los elevados precios de la electricidad en el mercado libre siguen amenazando el futuro de la industria electrointensiva en Galicia. A la crisis de Alcoa se sumaba en febrero la de Ferroatlántica, que anunciaba un ERE temporal para toda su plantilla de Cee y Sabón. CCOO alerta también de que la única planta que Alcoa decidió mantener en Galicia, la de San Cibrao en Lugo, podría correr peligro si el Gobierno no aprueba el estatuto del consumidor electrointensivo.

La figura que reclaman trabajadores y posibles inversores de Alcoa está incluida en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España. Fue aprobado en diciembre, pero el estatuto tiene que desarrollarse mediante otro decreto . El Ejecutivo no ha presentado todavía el borrador. El pasado 1 de marzo, trabajadores de Ferroatlántica se reunían en Madrid con el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El alto cargo del Ministerio les aseguraba que el documento estaba listo y se publicaría la semana siguiente. No fue así. Desde la delegación del Gobierno en Galicia insisten en que «está a punto de salir a información pública», pero no ofrecen fechas concretas.

«Con el estatuto se pretende abaratar entre un 10 y un 15% la factura para las grandes consumidoras», explica Juan Villar, miembro del comité de empresa de Ferroatlántica. Según les trasladó el director general de Industria, además, quieren dejar abierta una nueva vía de trabajo para el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril. «La idea es que estas industrias no compren en el mercado diario de la electricidad y puedan firmar contratos bilaterales con las eléctricas para usar fuentes renovables, lo que abarataría aún más los precios», explica el miembro del comité de empresa de Ferroatlántica. La posibilidad de conocer de antemano el precio al que pagarán la luz es una de las reivindicaciones de la patronal de las electrointensivas. La factura eléctrica supone para industrias como Alcoa o Ferroatlántica hasta el 45% del total de los costes de producción. Sin poder hacer una estimación de la cuantía, a las empresas les resulta muy difícil determinar si van a cerrar el ejercicio con ganancias o pérdidas.

La convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril suma más incertidumbre a la aprobación del decreto que regularía el precio de la energía para las electrointensivas. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) urgen al Gobierno su publicación. «La verdad es que están haciendo cosas por decreto que nos afectan mucho menos, esto sí que es un tema urgente», subraya Antonio Fontenla, portavoz de la patronal. Fontenla recuerda que cuanto más tiempo pase más difícil será recuperar la actividad en Alcoa y decaerá el interés por comprarla, que han manifestado también empresarios gallegos. «Cuando una empresa entra en crisis y deja de estar en el mercado volver es más difícil», subraya.

Fuentes de la Consellería de Industria señalan que por el momento siguen sin aparecer ofertas en firme por la planta coruñesa. Sí ha habido contactos de posibles inversores manifestando interés. Para el departamento que dirige Francisco Conde, la aprobación del estatuto es clave para lograr una salida para Alcoa y también para el resto de la industria gallega gran consumidora de energía. «El Gobierno central no ha sido capaz de prefijar un precio eléctrico estable. En cinco meses ha tenido tiempo más que suficiente», explican. El próximo lunes, los representantes de la Xunta acudirán a Madrid a una reunión de la mesa de seguimiento de Alcoa, convocada por el Ministerio. Allí volverán a exigir que se publique cuanto antes el borrador.

Desde la Delegación del Gobierno insisten en que aún hay tiempo para cerrar el estatuto antes de las elecciones. El compromiso es tramitarlo de urgencia, lo que acortaría los plazos. Tan pronto se publique el borrador habría siete días de consultas públicas y después el Consejo de Estado tendría 15 días para su dictamen. «El decreto puede publicarse hasta el día que empiece la campaña electoral e incluso con el Gobierno en funciones», subrayan desde la Delegación.