Pilar de Lara, en una imagen de 2014 tras realizar un registro en la Diputación de Lugo, en el marco de la «operación Pulpo»
Pilar de Lara, en una imagen de 2014 tras realizar un registro en la Diputación de Lugo, en el marco de la «operación Pulpo» - EFE
TRIBUNALES

El Poder Judicial abre expediente sancionador a Pilar de Lara, la «juez estrella» de Galicia

Se la investigará por los retrasos injustificados en su juzgado, donde sus causas se demoran durante años. También se la acusa de la adopción de decisiones «con manifiesto abuso procesal» que generan «ficticios incrementos del volumen de trabajo» de su órgano judicial.

MADRID/SANTIAGOActualizado:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir expediente sancionador a la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, Pilar de Lara, la juez que está detrás de las principales macrocausas contra la supuesta corrupción en Galicia. Esta es la decisión adoptada tras la práctica de diligencias informativas durante los últimos meses a raíz de las denuncias trasladadas al Consejo por varios órganos, entre ellos el Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según indicaron a ABC fuentes conocedoras del procedimiento. La gravedad de las acusaciones formuladas contra De Lara podría acarrearle incluso la separación de la carrera judicial, aunque no parece el escenario más probable.

La acusación que pende sobre De Lara es el retraso injustificado no ya de alguna de las múltiples causas que instruye, sino una demora generalizada en todo su juzgado (artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 de la LOPJ). Investigaciones elefantiásicas como la «Carioca» —sobre una presunta trama de prostitución y corrupción en varios cuerpos policiales de Lugo— acumulan casi diez años de instrucción; la «Pokemon» —su causa más conocida, por supuestos amaños de concursos públicos en ayuntamientos de media España a cambio de mordidas a políticos— casi siete. Y como estas, otras tantas como las operaciones «Cóndor», «Pulpo» o «Pikachu», que acumulan años abiertas.

Pero el CGPJ no se queda en cuestiones temporales sino también en decisiones de fondo de la juez, ya que también se la investigará en base al 418.16, relativo a la adopción de decisiones «que con manifiesto abuso procesal generen ficticios incrementos del volumen de trabajo». La Audiencia de Lugo ha denunciado en numerosas resoluciones recientes la tendencia de De Lara a abrir causas generales contra los investigados, una práctica expresamente vetada en el ordenamiento jurídico.

«Existe material para iniciar una investigación», han detallado a este periódico las citadas fuentes, las mismas que destacaron la complejidad de las diligencias previas, dada la «complejidad» y el análisis «pormenorizado» que se ha hecho del juzgado.

Seis meses de plazo

El CGPJ ya dio traslado de su decisión a la instructora lucense, quien tendrá ahora incluso derecho a que la asista un abogado ante las acusaciones que contra ella se puedan formular. Las fuentes citadas explicaron que el primer paso será llamar a declarar a la juez, que deberá desplazarse a la sede del Consejo. Una vez cumpla con este trámite ante el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, las mismas fuentes apuntan a que podrán darse diversos escenarios. Una posibilidad es que De Lara «proponga pruebas de descargo», que justifiquen la situación que arrastra su juzgado. «En función de lo que salga de este trámite, se le dará traslado al fiscal», añadieron, «y una vez que remate la investigación, esta volverá al promotor para que proponga la sanción».

Ante la gravedad de las acusaciones que motivan la incoación del expediente disciplinario, estas mismas fuentes ven que lo más probable es que «se salde con una propuesta de sanción», y «por lo analizado hasta ahora, se descarta que se trate de una sanción leve», por lo que Conde tendría en su mano que esta fuera grave o muy grave. En este último caso «podría saldarse con la separación de la carrera judicial», aunque esta opción se ve lejana. «Al punto al que se ha llegado, siempre se salda con propuesta de sanción», reconocen a ABC fuentes próximas.

En todo caso, la decisión última dependerá, bien de la Sala de Gobierno del CGPJ (en el caso de propuestas de sanciones leves) o de la Comisión Disciplinaria del Consejo (si fuera grave o muy grave). En el caso de que se planteara su separación de la carrera judicial, el debate se daría en el seno del Pleno del CGPJ. La Comisión no tiene obligación de ejecutar las sanciones que proponga el promotor: basta recordar el reciente caso de la «juez pitonisa» de Lugo, en el que los magistrados del órgano dictaminaron el archivo la causa.