Seis años después del estallido, solo una de las nueve piezas espera juicio

Las pesquisas de la juez, que se sirvió de Vigilancia Aduanera como brazo ejecutor de sus decisiones para la investigación, habían comenzado en 2011, y dos años más tarde (en un auto de noviembre de 2013), con decenas de imputados ya señalados en periódicos, radios y televisiones, De Lara decide una primera división de la macrocausa «Pokemon», dividiéndola en nueve piezas principales, a las que luego seguirían otras secundarias que se derivarían a otros juzgados.

De ese núcleo de nueve piezas, solo una espera fecha para el juicio oral, mientras que las restantes han embarrancado en disputas competenciales entre juzgados o, directamente, han ido al cajón de los sobreseimientos por falta de indicios para continuar la instrucción. Por el camino, políticos y empresarios condenados a la pena de telediario: unos, acumulando desimputaciones; otros, esperando porque en algún momento se diluciden los hechos. La «Pokemon» se ha convertido para muchos en un laberinto sin salida.

La «pieza principal», que se remonta a 2011, perseguía «presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública» cometidos por Francisco Fernández Liñares —el principal acusado de la trama, que confesó el cobró de mordidas para beneficiar a empresas—, su mujer y dos personas más, Javier Reguera y Manuel Santiso. Las irregularidades rodeaban la concesión del servicio de grúa en el Concello de Lugo durante el mandato de José López Orozco (también imputado), así como otras anomalías detectadas por la juez en su investigación, fruto en su gran mayoría de pinchazos telefónicos. Esta pieza volvió al foco mediático la pasada semana, cuando la Audiencia Provincial aceptaba el recurso de su defensa y desimputaba a López Orozco , al que la juez acusaba de recibir dinero y regalos de la adjudicataria de la grúa, así como de interceder para que se enchufara a terceras personas en el servicio. La causa no está cerrada —salvo para el exalcalde lucense— y sigue instruyéndose, al menos hasta el próximo 6 de diciembre.

Otra de las patas principales de la «trama Pokemon», investigaba los manejos de José María Tutor y Rolando Rodríguez, responsables de la empresa Vendex, con los concellos de Santiago, Orense, Lugo, Boqueixón y O Carballiño. Los exalcaldes Ángel Currás, Francisco Rodríguez, López Orozco, Adolfo Gacio y Argimiro Marnotes están imputados en la causa, entre otros.

Según la instructora, a cambio de «regalos a diversas autoridades púbicas y funcionarios» o enchufes a familiares de estos, la empresa conseguía información privilegiada de concursos públicos que finalmente obtenía, o que directamente se amañaban a través de procedimientos negociados sin publicidad con otras empresas. Según Aduanas, el «beneficio ilícito» de Vendex y sus filiales —una «organización criminal» según De Lara— habría sido cercano a los 295 millones de euros.

En teoría, la instructora decretó su inhibición en esta pieza en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción (con sede en la Audiencia Nacional) en 2015, pero en abril de este año trascendió que daba la orden para que se remitiera la documentación, e incluso el pasado agosto tomó nuevas declaraciones a los directivos de Véndex, a pesar de su inhibición. Varias partes han indicado a ABC que la causa se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Lugo resuelva distintos recursos, entre ellos uno sobre si debe remitirse a Madrid o permanecer en el juzgado de De Lara.

Su instrucción concluyó en enero de este mismo año, según informó el TSXG. En ella se acusa al expresidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Fernández Liñares, de haber urdido un mecanismo para adjudicar obras desde este organismo a un constructor, a cambio de una comisión de entre el 15 y el 20% del valor de las inversiones. Esto se abonaba en metálico o a través de regalos de lujo, según determinó la investigación. Aduanas certificó además el enriquecimiento patrimonial de Liñares, quien llegó a reconocer que cobraba estas mordidas, aunque en abril de este año, en una entrevista en El Progreso, se corregía a sí mismo afirmando que «me inventé que era un corrupto porque me amenazaron con tirarme la casa con una pala». La pieza está a la espera de que se determine fecha para juicio oral. Junto a Liñares y el principal beneficiado, están imputados otros doce constructores y dos trabajadores de la Confederación Hidrográfica.

Otra de las piezas mollares de la trama, probablemente la más embarrancada de todas. De Lara realizó una instrucción prolongada que abarcaba conductas supuestamente delictivas de esta gestora de aguas en ayuntamientos de Galicia, Asturias, Murcia y Valencia. De nuevo, presuntos sobornos a funcionarios y cargos políticos para obtener concesiones de servicios públicos. Unió todas las actuaciones y decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en julio de 2015. Sin embargo, como ha sido habitual, no envió la documentación hasta dos años y medio más tarde, en enero de este año.

La juez Carmen Lamela, a la que le cae la pieza tras el reparto, la devuelve a Lugo por entender que no se dan las condiciones para que sea asumida por la Audiencia, y además afea a De Lara su «inhibición tardía», esto es, que en lugar de remitir la causa en un momento preliminar para que el juzgado correspondiente realizara la instrucción, fue ella misma quien avanzó en ella, hasta el punto de ordenar diligencias estando ya inhibida.

Tras este revés, De Lara planteó una cuestión de competencia al Tribunal Supremo para que determine qué juzgado debe continuar con la causa, no sin antes recibir un tirón de orejas de la Audiencia Provincial, visiblemente molesta por la tardanza de dos años y medio en enviar el expediente a la Audiencia Nacional. En septiembre de este año, el TS avaló la decisión de Lamela y consideró que la competente para continuar la instrucción era De Lara. Eso sí, debería remitir las investigaciones relativas a ayuntamientos de Valencia y Murcia a sus correspondientes juzgados territoriales, para que allí se rematen las respectivas instrucciones.

Curiosamente, la Audiencia de Lugo ya había metido tijera a la ambición de De Lara a investigar fuera de su jurisdicción. Según desveló ABC en abril de este año, la instancia provincial ordenó la anulación del grueso de las investigaciones de la instructora de Lugo en el Levante, por considerar que era incompetente, y la instaba a derivar las piezas a los juzgados correspondientes. Algo similar le dijo también el TS en las causas asturianas.

Así las cosas, y reconociendo De Lara que todavía le falta por incorporar a la pieza diversos informes de Aduanas , no se vislumbra fecha de juicio próxima.

La capital de Galicia tuvo pieza propia para esclarecer la (breve) gestión de Gerardo Conde Roa respecto a la compra de autobuses para la flota municipal a la empresa Talleres La Campiña, la adjudicaciones de varios contratos de servicios, la supuesta financiación irregular del PP compostelano, la retirada de multas o la colocación de «enchufados» en concesionarias. De Lara se inhibió de la causa en mayo de 2014 pero no fue hasta el 21 de mayo de 2018 cuando el expediente llega a la mesa de la titular de Instrucción nº1 de Santiago, Ana López-Suevos.

La juez de Compostela rechaza la inhibición y la manda de regreso a Lugo, alegando que en ese lapso de cuatro años se siguió instruyendo la causa, hasta el punto de que su juzgado «se encuentra imposibilitado de conocer cuál es el objeto y los sujetos investigados». «Nos resulta imposible determinar, con la simple lectura de las actuaciones, qué hechos y qué delitos se imputan a cada quien». La pieza tiene visos de acabar, de nuevo, en el Supremo, y que este Tribunal determine quién asume su instrucción.

La rama catalana de la «operación Pokemon» se denominó «caso Manga», y se centraba en adjudicaciones ilícitas y tráfico de influencias «cometidos en el seno del Consell Comarcal de La Selva», con su presidente y alcalde de Sant Hilari, el convergente Robert Fauria, como principal acusado. De nuevo, supuestos concursos amañados. A través de seguir el hilo de la consultora GRS Arc Local, la instructora acabó investigando un contrato de comedores en este Consell por valor de 29 millones de euros, e imputó a una decena de personas , entre ellas los empresarios Alex Ros y Josep María Franch, según publicó en marzo de 2017 Economía Digital.

Este mismo medio informó en enero de este año que el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Coloma de Farners devolvió la causa alegando que los hechos investigados correspondían a otra jurisdicción, y en la actualidad el Supremo estaría resolviendo otra cuestión de competencia presentada por De Lara.

Esta séptima pieza de la macrocausa «Pokemon» ponía el foco en varios «conseguidores» de Aquagest y la empresa GRS, y sus relaciones con los ayuntamientos de Tapia de Casariego, Pila Siero, San Martín del Rey Aurelio, Cangas del Narcea, las empresas Sabico y Hunosa e incluso la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, a la que se señala por haber «justificado un pago de 25.000 euros por un trabajo que en el mejor de los casos estaría valorado en 3.000€». Los presuntos delitos son los habituales: cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, información privilegiada y blanqueo de capitales.

Pero la titular de Instrucción nº7 de Avilés rechaza la causa por dos motivos. Por un lado, considera que la jurisdicción corresponde a la Audiencia Provincial de Asturias; por otro, considera que De Lara ha incurrido en «inhibición tardía». A su juicio, «carece de todo tipo de justificación» que Pilar de Lara «mantener abierta la investigación» cuando «las primeras diligencias son de 2011 y las que afectan directamente» a la pieza que se remite a Avilés «se inician en 2014».

Devuelta la causa, la juez de Lugo pregunta de nuevo a la Fiscalía antes de pedirle al Tribunal Supremo que resuelva el lío de la competencia para finalizar la instrucción. Sin visos de juicio a corto plazo.

Mismo modus operandi de la pieza 5. De Lara se inhibe el 26 de mayo de 2014 pero los 77 tomos no entraron en Instrucción nº3 de Santiago hasta el 21 de mayo de 2018. De un primer «breve análisis», el juez Andrés Lago Louro considera que los hechos, relativos a una supuesta financiación irregular del PSOE de Compostela a través de facturas falsas emitidas por la Imprenta Ibérica, «es muy probable que se hallen prescritos», al haber transcurrido más de cinco años desde que tuvieron lugar.

Además, Lago Louro consideró en su auto que se habían excedido los plazos para la instrucción judicial establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Cualquier tipo de diligencia de investigación estaría viciada de nulidad» , finaliza el juez de Santiago, que le da carpetazo a la causa y la revuelve a Lugo. De Lara ha preguntado a la Fiscalía sobre la idoneidad de plantear cuestión de competencia en el Supremo para ver quién la asume.

El «pecado» de Argimiro Marnotes (PP) fue que, durante su mandato como alcalde de este municipio orensano, se adjudicó el contrato de desbroces a un empresario que figuraba en la lista de beneficiarios de Fernández Liñares en la Confederación Hidrográfica. De Lara lo imputó en febrero de 2013 y envió la pieza a un juzgado de O Carballiño. Allí, el juez encargado del caso lo archivó por falta de indicios en junio de 2016. En esos 871 días que estuvo investigado, Marnotes perdió la alcaldía en las municipales de 2015, donde su imputación fue una de las piezas de artillería empleadas por la oposición para atacarle.