Martínez Ínsua: «Las autorizaciones a concellos estarán totalmente controladas en la ley»

—La ley entra a debate en el Parlamento. El BNG afirma que supone una merma en la protección y AGE se ha expresado en una línea similar.

—Por supuesto que no. Lógicamente todo lo contrario. De lo que está protegido en estos momentos no se produce ninguna desprotección.

—Se habilita a los concellos para que puedan autorizar intervenciones. ¿Esto no implica riesgos?

—Esa es la cuestión en la que los grupos de la oposición se amparan para decir que existe una determinada desprotección al establecer esta normativa la posibilidad de habilitar a los ayuntamientos para que puedan autorizar una serie de intervenciones. Es un supuesto muy específico y perfectamente regulado y controlado. La ley no habilita directamente a todos los concellos, sino que esta se realizará mediante convenio con quienes voluntariamente quieran. Se establece un sistema riguroso para la concesión. Tiene que haber un convenio y para que se lleve a cabo se les van a requerir dos cuestiones básicas: que el planteamiento urbanístico esté perfectamente actualizado y que cuenten con un equipo técnico. Antes de firmar el convenio, se comprobará. Además, hay bienes excluidos de estas autorizaciones: los BIC, el patrimonio artístico, el arqueológico y los bienes de la Iglesia.

—¿Por qué esta autorización?

—Es una mayor proximidad a la ciudadanía. El trámite administrativo se acerca. Pretendemos que esa proximidad haga más eficaz la gestión. No obstante, es una cuestión voluntaria y sujeta no solo al convenio, sino a controles posteriores. En los casos en que se detecte incumplimiento o irregularidad sobre esta potestad, se revertirá.

—La cifra de supuestos sancionados aumenta, ¿también las cuantías?

—El número de infracciones es más elevado porque en este texto se refunden infracciones de distintas leyes, pero las cuantías más o menos se mantienen. En las infracciones leves se baja la cuantía máxima, que estaba establecida en 60.000 euros y se reduce.

—Se dan un año desde la aprobación de la ley para fijar un reglamento que establezca cómo relacionarse con la Iglesia. ¿Cómo será?

—La Iglesia es titular y propietaria de un número importante de bienes del patrimonio cultural. La propia normativa contempla la obligación a la Iglesia de velar por la protección, conservación y visualización para la ciudadanía. Se establece la obligatoriedad para la administración de establecer cómo ha de ser el funcionamiento de la comisión mixta entre la Xunta y las distintas diócesis, su composición y todas sus funciones.

—¿Se fijarán pautas para evitar hechos como el robo de la Virgen del Cristal en Orense? Hay propiedades que no están todo lo protegidas que debieran.

—Lógicamente. En el propio reglamento una de las obligaciones básicas que tiene el propietario, no solo la Iglesia, conforme a la normativa es no solo la conservación, sino también la protección del bien. Se establecerán protocolos de seguridad independientemente de que en estos momentos no se haya tratado todavía este tema.