La justicia da la razón a Sandra Ortega en el despido del exgestor de su patrimonio

«Procede la desestimación de la demanda en todas las pretensiones», subraya la magistrada Ana María Souto en el fallo al que ha tenido acceso ABC. En el año 2000, la primera mujer de Amancio Ortega creó la sociedad Rosp Corunna para canalizar sus inversiones. El 26 de diciembre de ese mismo año nombró a Leyte como máximo responsable. Tras el fallecimiento de Rosalía Mera, Leyte continúo en el cargo gestionando el segundo mayor patrimonio de España estimado en unos 6.000 millones de euros . Pero en 2020, Sandra Ortega decidió despedirlo. Lo hizo mediante una figura prevista para los contratados de alta dirección, el desistimiento , que según explica la jueza en el fallo, «no precisa motivación o expresión de las causas del mismo». Sí debe de ser comunicado con tres meses de antelación, cosa que no hizo Sandra Ortega pero abonó una indemnización por este concepto con la que Leyte también discrepa. El fallo no se pronuncia a este respecto, porque indica que el litigio debe ser abordado en otro procedimiento específico sobre ese asunto.

La sentencia considera probado que el exgestor era director de dos sociedades Rosp Corunna SL y Rosp Corunna Participaciones empresariales, por lo que recibía un salario mensual de 15.ooo euros en cada una y dos pagas extra por la misma cantidad. Además percibía un bonus anual variable en función de los resultados obtenidos. En su demanda contra el despido, Leyte argumentó, sin embargo, que su puesto no se correspondía con el de personal de alta dirección y por lo tanto la empresa no podía despedirlo mediante el desistimiento. La jueza entiende, sin embargo, que ha resultado acreditado que Leyte era el «responsable máximo» del patrimonio de Sandra Ortega y ostentaba «amplios poderes» para administrar y representar a la sociedad, crear oficinas, contratar al personal o retirar dinero por medio de cheques, entre otras muchas funciones. Leyte tenía un límite de 600.000 euros a partir del cual necesitaba la firma de Ortega para operar. La jueza recuerda que pese a este requisito, «a los efectos de calificar la relación laboral de alto cargo no es necesarios que se ostenten todos los poderes inherentes a la titularidad de la empresa».

Contra la sentencia cabe aún recurso, pero supone un revés para las demandas de Leyte, que pedía una mayor indemnización aún en el caso de que se lo considerase un alto cargo, unos 710.000 euros por falta de preaviso (cantidad que se dirimirá en otro procedimiento) y algo más de 910.000 por los bonus correspondientes al año 2020. Este no es el único conflicto judicial que enfrenta a Sandra Ortega con su exgestor. La hija mayor del fundador de Inditex también ha presentado querellas contra Leyte por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.