Condenan a Sito Miñanco a cuatro años de cárcel y multa de seis millones por blanquear dinero de la droga

Según el tribunal, «con la finalidad de que los importantes y cuantiosos beneficios obtenidos por Prado Bugallo de sus actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas se pudieran incorporar al mercado de un modo natural y legal, con la ayuda de personas de su círculo», se valió de la Inmobiliaria San Saturnino para la adquisición de 50 fincas, una veintena de casas , naves industriales, bajos comerciales, garajes y trasteros.

Miñanco fue administrador de esta empresa entre 1985 y 1991, cuando le revocó ese poder su primera mujer, Maria Rosa Pouso, propietaria de la misma desde 1987. En el juicio intentaron escenificar que ambos hacían vidas separadas luego de que Miñanco iniciara una relación con otra mujer. Pero el tribunal no compró esta ficción. «La disponibilidad económica tanto de María Rosa como de la inmobiliaria a buena fe que traía causa de la labores de narcotráfico a las que se dedicaba Prado Bugallo» , señala el fallo, «dada la evidencia de una disposición de fondos que no resultaba de una actividad lícita demostrada». En la sentencia se refleja cómo se escrituraban inmuebles notoriamente por debajo del precio de mercado, pagándose cantidades en dinero negro procedente del narcotráfico.

«El conocimiento de la procedencia delictivo del dinero se colige de un modo bien fácil del notorio y desproporcionado incremento patrimonial» de las tres acusadas, «que con sus demostrados ingresos legales y ordinarios no pudieron jutificar», añade el fallo de la Audiencia. «Quedó nítidamente al descubierto» el entramado de «empresas o sociedades instrumentales» para «la colocación de dinero de ilícita procedencia».

Los jueces subrayan que los ingresos lícitos de los imputados «no les daban para manejar tan ingentes cantidades de dinero». Durante el juicio, Miñanco alegó que el origen de sus recursos económicos no era el tráfico de drogas sino una tabaquera holandesa que había adquirido, según él, de manera legal y, posteriormente, con la importación de ropa a España.

Por último, los magistrados acuerdan la «clausura definitiva» de la inmobiliaria y «el decomiso de la totalidad de los bienes» recogidos en la sentencia, en la que además se desestiman todos los recursos de las defensas, entre ellos las dilaciones indebidas. El abogado de Miñanco, Gonzalo Boye —también letrado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont—, llegó a solicitar la prescripción de los hechos investigados, la nulidad de las actuaciones, la vulneración del derecho a la defensa y la abstención de dos magistrados. Otros defensores apelaron a «cosa juzgada» y denunciaron una investigación prospectiva. La Audiencia, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó todos estos recursos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El horizonte judicial de Miñanco todavía tiene negros nubarrones . El narco gallego tiene pendiente responder por la «Operación Mito» del pasado febrero , por la que fue detenido en Algeciras junto a su segundo, Enrique Arango, y el hijastro de Laureano Oubiña, David Pérez Lago. Este operativo —considerado por los investigadores la organización narcocriminal más importante de España— pretendía introducir en España 3.800 kilos de cocaína, aprehendidos en alta mar. Según la Policía, Miñanco estaba al frente de una red que importaba la droga desde Sudamérica para su posterior distribución. La investigación parte de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.