La Fiscalía: «Villarejo esconde un corrupto bajo bandera patriota»

Esta es una de las conclusiones que ayer enunció el fiscal de Anticorrupción Miguel Serrano en la recta final del juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo que desde octubre se desarrolla en la Audiencia Nacional.

Afronta 86 años de cárcel por una pluralidad de delitos de cohecho y revelación de secretos en tres proyectos para clientes privados -Iron, Land y Pintor- y durante toda la vista oral su defensa se ha centrado en dos pilares: que el entramado empresarial que le proporcionó un patrimonio millonario estaba siempre «al servicio del Estado» para la «cobertura» de su labor como «agente encubierto» y que sus sucesivos jefes y mandos políticos y policiales lo sabían y toleraban.

Y en la causa no consta que Villarejo tuviese autorización formal para tener esa doble vida de policía e investigador privado. Pero tampoco consta que se le incoase expediente alguno o sanción por ello. A este vacío se aferra su defensa y la de otros acusados, como el abogado de sus empresas Rafael Redondo, que hablaba ayer de una autorización «tácita» evidente e incompatible con el delito de cohecho.

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Por eso, buena parte del informe final de Miguel Serrano se centró en desmontar este punto de vista, que relacionó con el «permanente interés del señor Villarejo en hacer ver que esta es una investigación personal, teledirigida hacia él por miembros del CNI».

El hecho, a su parecer, es que el comisario actuaba «de un modo ni autorizado ni autorizable para los miembros de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional o responsables de diferentes administraciones públicas e incluso gubernamentales» y «cometía delitos por cuenta, por interés o patrocinados por estas cúpulas». De ahí sostiene el fiscal que hubiese mandos que sabiendo de sus actividades no hiciesen nada al respecto. «Con ello Villarejo lo que consigue es la impunidad en sus actuaciones y sus proyectos (...) Eso es Tándem», resumió.

Ya durante la mañana, cuando se debatía la petición de Villarejo de incorporar al juicio unos audios filtrados en verano, el fiscal apuntó que la connivencia de esos jefes del polémico comisario no le eximirían a él de responsabilidad. «Lo que conducirá es a una depuración de sus responsabilidades en la pieza principal de esta causa donde se investiga la organización criminal como potenciales miembros integrantes de la misma o colaboradores», señaló.

Para la Fiscalía, que Villarejo «ejerciera labores importantes de inteligencia» -ha llegado incluso a dar por buena su autodenominada condición de agente encubierto o su supuesta colaboración con el CNI- a la postre «lo único que pone de manifiesto es el nivel o importancia de la corrupción en su actuación, para, guiado exclusivamente por un ánimo de lucro, compaginar esa actividad en modo alguno autorizada o autorizable con las actividades policiales». Porque esa es una de las claves de la acusación pública: no tenía autorización porque sus actividades no podían tenerla.

A lo largo de la jornada, el fiscal ha procurado asimismo defender aspectos de la investigación enervados por las defensas, como la custodia de los audios intervenidos -«es difícil encontrar un procedimiento donde las cosas se hicieran tan cabalmente bien»-, o la ausencia de otros que, estando en la prensa, no se encuentran al alcance de las partes. Para Serrano, es todo parte de un «juego paraprocesal donde el perfecto amo es Villarejo», un «jugar a los espejos» para alegar una indefensión que no es tal.

Las sesiones se reanudan hoy, cuando terminará el informe de la Fiscalía y seguirán las acusaciones.