La Fiscalía abre la puerta a imputar por colaborar con organización criminal a los jefes de Villarejo

Así lo ha explicado el fiscal Miguel Serrano este lunes, cuando se han retomado las sesiones del juicio por el que Villarejo afronta 86 años de cárcel en relación a tres de sus proyectos privados -Iron, Land y Pintor-. La defensa del comisario había solicitado incorporar a la vista oral dos grabaciones filtradas este verano que en su opinión retrataban el falso testimonio que prestaron el ex director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Agustín Linares y el exjefe de la Unidad Central Operativa de La Guardia Civil (UCO), Manuel Sánchez Corbí.

Ambos fueron testigos en la vista oral y las cintas evidenciarían que ambos conocían más a Villarejo y sus actividades más de lo que reconocieron como testigos ante el tribunal. La hija de Linares, sin ir más lejos, trabajaba en una de las empresas del polémico comisario. Por eso, la defensa de Villarejo pedía practicar una «instrucción suplementaria», es decir, que el tribunal recabase los audios, llamase a la Policía a preguntar por qué no están a disposición de las partes y citase de nuevo a los dos testigos para aclarar contradicciones.

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Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, aunque no se oponía a incorporar las transcripciones publicadas para que el tribunal, de cara a la sentencia, las pudiera analizar, sí ha rechazado que se practique ninguna otra averiguación porque en su opinión, no tiene nada que ver con la acusación contra el comisario, por más que la defensa de Villarejo encuentre en la pasividad de sus jefes una prueba de descargo: si hay permiso no puede haber un delito de cohecho.

«La actividad del señor Villarejo no es compatible, no está autorizada y lo más importante es que no es autorizable. Los mandos nunca podrían autorizar eso. Y sigue insistiendo en probar esto, pero es baldío porque cualquier fruto del conocimiento que pudieran tener sus mandos no tiene incidencia en los elementos del delito por el que se le acusa», ha señalado el fiscal.

En su opinión, «el alcance de ese conocimiento que se quiere probar como elemento nuclear de la defensa, anudado a una relación de causalidad por la facilitación por parte de estos mandos, si es que lo conocían, si es que se da esa facilitación, lo que conducirá es a una depuración de sus responsabilidades en la pieza principal de esta causa donde se investiga la organización criminal, como potenciales miembros integrantes de la misma o colaboradores».

«No lo prejuzgamos en este momento. Esas serían las consecuencias de ese posible conocimiento, jamás exculpatorias. Por lo tanto, el contenido de esos audios no afecta en modo alguno a los elementos nucleares ni de la acusación ni sobre todo de la defensa», ha zanjado el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, ha recordado que la testifical de Corbí «tenía como fin acreditar el modo en que tuvo conocimiento o participación la Guardia Civil del inicio de la investigación» y en ese punto, no hubo contradicciones. Respecto de Linares, ha apuntado que su declaración «tenía por objeto poner de manifiesto que los mandos podían conocer esas actividades pero en modo alguno podían dar un consentimiento formal de esas actividades ni el lucro que obtenía en paralelo» Villarejo. Considera que el hecho de «que los audios reflejen una relación personal no es en absoluto un elemento esencial».

«La acusación se fundamenta básicamente en que el señor Villarejo era un policía en activo que realizaba funciones de inteligencia. El cómo fue reclutado por Linares desde su excedencia o que ejerciera labores importantes de inteligencia en la Dirección Adjunta Operativa lo único que pone de manifiesto es el nivel o importancia de la corrupción en su actuación, para, guiado exclusivamente por un ánimo de lucro, compaginar esa actividad en modo alguno autorizada o autorizable con las actividades policiales», ha explicado Serrano.

El tribunal ha rechazado la práctica de esa instrucción suplementaria que solicitaba la defensa de Villarejo y cuya pretensión fue apoyada por el letrado de Rafael Redondo, abogado de las empresas del comisario. «Ese conocimiento implica que hay una pasividad por parte de los mandos y superiores de Villarejo y de esa pasividad deviene el hecho de que si bien es cierto que no hay una autorización expresa de compatibilidad, tampoco hay expediente administrativo que tuviese como objeto atajar o reprimir esta conducta. Y eso significa que existía una autorización, cuando menos tácita, por parte de los superiores», ha apuntado el abogado, Antonio Tapia.

Pero antes de llegar a este debate, el plenario ha abordado una nueva petición de Villarejo de apartar a los tres miembros del tribunal que están juzgándole por falta de imparcialidad sobrevenida. La petición, que ha sido rechazada de plano por «temeridad y mala fe manifiesta y evidente», partía del control policial al que el comisario, según alega, ha sido sometido durante el mes de agosto, «casi un arresto domiciliario» y al hecho de que desde que en julio pidió suspender el juicio por una dolencia médica y hasta finales de agosto no ha sido reconocido por el médico forense de la Audiencia Nacional.