Detenidos 11 estafadores que llegaron a sustraer un millón de euros haciéndose pasar por empleados de banca

La investigación comenzó a principios de año cuando se determinó que una serie de delitos de estafa cometidos en varias provincias de España bajo la técnica de 'phishing', concretamente del «falso empleado de banca», tenían un patrón que confluía en los mismos presuntos autores. Los investigados disponían de una amplia base de datos de clientes a los que contactaban telefónicamente, generando un clima de confianza para advertirles de la detección de movimientos fraudulentos en sus cuentas.

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A continuación, les solicitaban las claves de operaciones para, supuestamente, bloquear dichos movimientos, cuando lo que en realidad pretendían conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor, que se traducían en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instantáneo, compras de tecnología y de criptomonedas. En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas por los presuntos estafadores, incluían el uso de numerosos teléfonos móviles, llegando a contabilizarse durante la investigación hasta 55 números distintos, que eran intercambiados periódicamente para evitar ser identificados con facilidad.

Por otra parte, los investigadores detectaron que, para la ejecución de las estafas, aprovechaban periodos de residencia en hoteles, en los que se registraban con documentación sustraída a nombre de terceras personas, para utilizar redes wifi no vinculadas a sus identidades en dichos establecimientos. Con todo, las diferentes medidas de investigación tecnológica adoptadas por los investigadores, permitieron finalmente identificar plenamente a los cuatro dirigentes de la organización, quienes ocupaban el rol de autores materiales de las estafas.

Finalmente, se llevó a cabo la explotación de una primera fase de la operación, con entradas y registros en las localidades de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y la ciudad de Sabadell (Barcelona), que culminaron con la detención de tres de los cuatro investigados principales del entramado, como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Durante los cinco registros domiciliarios llevados a cabo, puesto que, si bien hasta el momento de la explotación habían sido detectadas 111 víctimas de la organización criminal, repartidas por todo el territorio nacional, gracias a la realización de las diligencias de entrada y registro, junto con el análisis de los dispositivos hallados, se pudo descubrir un total de 273 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico de más de 778.637 euros.

En la operación se han intervenido criptoactivos equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de dinero en metálico, seis teléfonos móviles utilizados para la comisión de las estafas, un documento nacional de identidad sustraído, tres relojes de alta gama, joyas, prendas de ropa y otros complementos de lujo, así como consolas de videojuegos, ordenadores y otros efectos electrónicos, entre otros efectos, presumiblemente obtenidos con el producto de la actividad ilícita desarrollada por los arrestados.

Los arrestados han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de las localidades de Jerez de la Frontera y Chiclana. El cuarto involucrado no pudo ser localizado y se le ha decretado una orden de búsqueda.

Durante la explotación de la segunda fase de la operación se ha conseguido el arresto de otros ocho integrantes de la organización. Se trataba de los integrantes del segundo escalón de la red criminal los cuales estaban asentados 7 de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante (3 en Elche, 3 en Catral y 1 en Guardamar del Segura) y un último en Lleida.

Conocidos en argot policial como 'captadores' y 'droppers', su misión era la de captación de personas de cualquier punto de la geografía española, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad, que estén dispuestas a cambio de una contraprestación económica, a titularizar líneas telefónicas, poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas previamente cometidas.

También se les pedía utilizar sus datos personales para pedir y después recoger en tienda, pedidos efectuados «online». En algunas ocasiones se pudo constatar que habrían recurrido a la coacción para lograr que alguna de sus «mulas», accediera a retirar dinero ilícito de una de sus cuentas.

En esta segunda fase se han practicado un total de seis registros tanto en la provincia de Alicante (4 en Catral y 1 en Guardamar del Segura) y uno en Lleida, en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munición de armas de fuego, material de telefonía, ordenadores, artículos de lujo, relojes, joyas, diversa documentación y además de un vehículo de alta gama.

Estos últimos están siendo investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, detención ilegal y coacciones. Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Orihuela, Torrevieja y Lleida.