Del trasvase del Ebro al del Tajo: cuando el agua se le niega a la Comunidad Valenciana

Mientras que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado desde el primer momento su predisposición favorable a llevar caudal de una desaladora de su territorio hasta Barcelona, en barcos, y a ser «solidarios siempre que no perjudique a los valencianos».

Una postura de sensibilidad que poco tiene que ver con la mantenida por sus homólogos de Castilla-La Mancha, que siempre se han opuesto rotundamente a los trasvases del Tajo al Segura y continúan pleiteando y presionando al Ejecutivo central de Pedro Sánchez para acabar con estas transferencias, a lo que el presidente se ha plegado ante estas demandas.

Y la historia viene de largo, con la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) -que había aprobado el Gobierno de José María Aznar- tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Como asunto crucial para la Comunidad Valenciana, contemplaba un nuevo trasvase desde el Ebro hacia el sur, que tumbó la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, a quien todavía recuerdan no especialmente con nostalgia los agricultores de la considerada como 'la huerta de Europa', desde Alicante hasta Cartagena.

Los mismos independentistas que respaldaron al PSOE para acabar con el PHN, en cambio, sí vieron en cambio con buenos ojos y aplaudieron trasvases desde el Ebro hacia el norte, a su tierra.

Aquella decisión se encajó como una afrenta y suscitó un clamor en las calles con el lema 'Agua para todos', que se podía leer en las pancartas de muchas manifestaciones en diferentes ciudades del sureste, y en balcones y ventanas de los hogares afectados.

Aunque han pasado ya dos décadas y escuece más por reciente la política sistemática de recortes al trasvase Tajo-Segura, con la estocada prevista para 2027 que lo dejará a la mitad, un centenar de hectómetros cúbicos al año, cuando el acueducto se diseñó originalmente para el triple, un volumen que nunca se ha cumplido.

La justificación es incrementar los caudales ecológicos en el río cedente, si bien los datos actuales cuestionan un poco esa necesidad, cuando las reservas de los pantanos de esta cuenca se encuentran al 69,1% y pronto el Ministerio tendrá que aprobar transferencias mensuales automáticas de 27 hectómetros, que ya recortó desde los 38 que se autorizaban antes. En comparación, en la demarcación del Segura están al 18,07% de su capacidad y los embalses catalanes al 15,81%, según los últimos datos oficiales disponibles en embalses.net.

Ante esta situación, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este lunes el envío de hasta 40.000 metros cúbicos en dos barcos diarios desde la desaladora de Sagunto al puerto de Barcelona «si la situación no mejora».

Por su parte, Carlos Mazón ha incidido en que «no se le va a negar el agua a quien en su día nos la negó» y ha alertado de que «la Comunidad Valenciana agoniza de sed para el campo».

Con todo, este lunes una pancarta anónima colocada en las instalaciones de la desaladora de Sagunto se oponía a la decisión del Gobierno con un lema claro: «No al agua para Cataluña».

A día de hoy, en la Comunidad Valenciana no se contemplan a corto plazo problemas de abastecimiento de agua para el consumo humano, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene previsto declarar esta misma semana la situación de Emergencia por sequía en el sistema Sénia-Maestrazgo, aunque las restricciones serían para riego y en ningún caso se contempla para abastecimiento humano.