Investigan el móvil económico del asesinato del exalcalde de Gandía

Los agentes encargados de las pesquisas, según ha podido saber ABC, estudian ya todos los movimientos de sus empresas, así como las relaciones sociales y familiares, sin descartar la posibilidad de que se trate de una venganza. Horas antes de ser asesinado, comió puchero junto a su mujer en un restaurante cercano a la playa de Gandía y mantuvo diferentes reuniones de negocios para tratar de ampliar su renovada red de ópticas en la zona.

Torró pretendía reanudar sus negocios tras varios fracasos e incluso llegó a pedir financiación entre sus conocidos, según confirman fuentes de su entorno. De un tiempo a esta parte, acumulaba deudas pendientes, entre ellas las derivadas del caso 'Tele 7', causa judicial por la que fue condenado en 2023 a tres años y medio de cárcel por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio que lideraba.

Sin duda, fue uno de los escándalos que marcó el devenir de su carrera política. Tal y como se desprende de la sentencia, se originó tras el cierre de la emisora municipal Gandía TV en 2011. Posteriormente, concedieron contratos a empresas privadas para la prestación de determinados trabajos audiovisuales, de los que la investigación judicial concluyó que el dirigente ahora asesinado y otros implicados resolvieron de manera irregular, abonando una cantidad superior a la debida y estableciendo condiciones que beneficiaban intereses particulares sobre los públicos.

Así, Torró adeudaba 337.465 euros -283.125 más los intereses desde 2015- al Ayuntamiento de Gandía tras la sentencia del Tribunal de Cuentas -ratificada por el Supremo- que le obligó a devolver esa cantidad por su responsabilidad contable en los pagos no justificados a una empresa en el citado caso 'Tele7'. El consistorio valenciano sólo había podido recuperar una pequeña parte de ese dinero tras hacer un rastreo de los bienes y cuentas del ex edil.

En paralelo, dos de sus empresas, Torró Vision Holding y Mundo Charter Siglo XXI, y él mismo como persona física, entraron en concurso de acreedores en 2013. Tras vender la cadena de ópticas +Visión al grupo francés GrandVision en 2008, Torró invirtió 22,7 millones de euros de las plusvalías en deuda subordinada de Bancaja. Cuando la entidad entró en pérdidas, suspendió el pago de intereses de esta deuda. Siempre apuntó a Bankia -nacida tras la caída de las cajas de ahorros- como causante de todos sus males e inició una batalla en los tribunales para recuperar el dinero. Además, durante su trayectoria política también se vio salpicado en el caso Púnica por una presunta contratación irregular de trabajos de reputación online, acusación que fue archivada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en mayo de 2021.

Aunque no se descarta ningún móvil para el crimen, el económico es el que más peso tiene entre las hipótesis de los investigadores por las deudas que arrastraba el empresario. Un asesinato cuya cronología comienza sobre las ocho de la tarde del pasado miércoles cuando llamó a un amigo para informarle de los avances en sus nuevos negocios.

Durante la conversación, se dio cuenta de que se había encendido la luz de aviso por pinchazo en una de las ruedas, por lo que colgó y aparcó el vehículo en el arcén junto a la autovía. Varias horas después, con la preocupación de que no había regresado a casa y que no cogía el teléfono, su mujer acompañada de su hermana se dispusieron a seguir el rastro del GPS de su móvil hasta que hallaron el turismo con el motor encendido, las luces dadas y, a pocos metros tirado sobre la maleza, el cuerpo sin vida de Torró.

El Ayuntamiento de Gandía decretó tres días de luto oficial por la muerte de quien fuera primer edil en la localidad. El alcalde José Manuel Prieto abogó por ser «extremadamente cautelosos y respetuosos».