Arturo Torró, el fundador del imperio +Visión que aupó Camps y quiso comprar el Valencia CF

Nacido en L'Alcudia (Valencia) el 12 de enero de 1963, tras una infancia complicada tras perder a su padre bien joven, edificó su vida en torno al mundo empresarial de las ópticas, donde se convirtió en un auténtico referente dentro de la industria. Se licenció en la Universidad de Alicante como óptico optometrista y se terminó de formar en el Institut Nazareth et Louis Braille de Canadá, hasta terminar volviendo al arco mediterráneo español, donde quedó prendido de la ciudad de Los Borgia y se convirtió en un gran aficionado a la pintura; de hecho, le acabó regalando una 'menina' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace cuatro años.

Se estableció en Gandía y desde allí fundó el que se convertiría en uno de los gigantes españoles de la industria de las ópticas. Creó el Grupo +Visión, con el que llegó a abrir más de 350 tiendas y operar en más de veinte países diferentes, llegando a ser considerado como el empresario más joven con más franquicias abiertas en todo el país. Finalmente, vendió el 100% de su cadena por cerca de 35 millones de euros al fondo holandés HAL Investments para centrarse en su carrera política. Aunque no quiso desprenderse del todo de la actividad empresarial, pues en 2014 se interesó por la mayoría accionarial del Valencia Club de Fútbol, representando a un fondo americano, aunque finalmente el tormentoso proceso de venta terminó con la llegada del magnate singapurense Peter Lim de la mano de Amadeo Salvo. Antes, algunos de sus negocios bancarios terminaron en concurso de acreedores.

No obstante, su idilio con ella comenzó varios años antes. Fue en 1999 cuando se afilió al Partido Popular siendo elegido concejal en las elecciones municipales del mismo año. No duró mucho por su rivalidad con el líder local Fernando Mut, pero continúa en el ostracismo hasta que en 2007 fue propuesto candidato del PP a la alcaldía del PP con el beneplácito de un pujante Francisco Camps en la época donde, junto a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, amasaban mayorías absolutas por allá donde pasaba.

Tras cuatro años de ardua oposición al histórico dirigente socialista José Manuel Orengo, en 2011 conquistó la alcaldía de la playa del PSOE, cuyo feudo gobernaron durante los últimos 28 años. Torró consiguió la mayoría absoluta con 13 concejales y casi el 50% de los votos, cuyo mandato se caracterizó por un fuerte impulso a proyectos urbanístico al promover la modernización de la zona costera, no exenta de polémicas. Era la joya de la corona que más celebró Camps en los años de bonanza del PP valenciano, donde también germinó una fuerte amistad con históricos de la talla de Juan Cotino y Alfonso Rus.

En 2015, repitió como candidato 'popular' y volvió a ganar las elecciones municipales con 12 concejales, sin embargo, un pacto a tres bandas entre PSPV-PSOE, Més Gandía y Ciudadanos le arrebató la alcaldía en favor de una joven Diana Morant, ahora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, algo que jamás le ha perdonado. Un año después, en 2016, renunció a su acta de concejal y dimitió como presidente del PP de Gandía por motivos personales cediendo el testigo al diputado autonómico Víctor Soler, aunque en cierta medida ya estaba siendo apartado por el partido por los diferentes escándalos que emanaban en torno a su figura. Lo volvió a intentar en 2019, pero su sucesor le ganó la carrera 'popular'.

Uno de los escándalos que marcó sus últimos años de carreta política fue el llamado caso 'Tele7', por el que fue condenado a tres años y medio de prisión y otros seis de inhabilitación absoluta por un delito de malversación en ciertas irregularidades detectadas en la adjudicación de servicios de comunicación audiovisual del consistorio durante su mandato.

La sentencia concluyó que bajo la dirección de Torró le fueron adjudicados por Iniciatives Públiques de Gandía (IPG) dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos empresas Comparques Centras Televisió S.L. (CCTV) e Inversiones Espciales del Mediterráneo S.L. (Tele 7), cuyo importe recibido por producciones y retransmisiones ascendió a más de siete millones de euros.

El tribunal acreditó que Torró, «interesado» en apartar a CCTV de la prestación del servicio de comunicación audiovisual contratado para conseguir que Ricardo Manuel Faura, administrador único de CCTV, se aviniera a resolver la relación contractual que unía a esta mercantil con IPG, de la que Torró era presidente, le ofreció medio millón de euros.

La Audiencia consideró que la «verdadera razón» de la resolución era el interés de Torró en finalizar la relación con CCTV y que ésta, una vez finalizada la relación con IPG, no incluyera dentro de la actividad televisiva que pudiera seguir desarrollando como licenciataria de TDT en la comarca, programas de contenido político que no estuviera supervisados por el Ayuntamiento de Gandía.

Según el fallo, para conseguir que el Administrador de CCTV, aceptara la resolución y dicha condición adicional, Torró acordó abonar a CCTV, además de las facturas que IPG le debía y que ascendían a 196.875 euros, 303.125 euros más -hasta un total de 500.000 euros-, «cantidad que excedía de la que legalmente hubiera podido reclamar CCTV por la resolución del contrato de 6 de febrero de 2010, que no podía exceder del 10% de la parte del contrato que quedaba por ejecutar y que, en la interpretación más favorable para CCTV no podía superar los 147.312,50 euros», advirtió el tribunal.

En paralelo, hace escasos dos meses, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía decretó el archivo provisional de la denuncia que presentó Torró contra Torró y otros cargos municipales durante la etapa de la dirigente socialista al frente del consistorio, a los que acusaba de intervenir en un desahucio que habría provocado un efecto llamada para que el resto de vecinos de la finca dejasen de pagar el alquiler.