El PP y Vox ponen fin al Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana

Un punto añadido 'in extremis' al orden del día del pleno -valiéndose de la mayoría parlamentaria de la derecha- en el que también se han desestimado las enmiendas a la totalidad de la oposición a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2024.

La premura para dar luz verde a esta medida estaba justificada. La supresión del tributo -cuya bonificación estaba fijada hasta ahora en el 50%, salvo en el caso de hijos menores de 21 años o de personas con discapacidad, que alcanzaba el 75%- fue la primera determinación que tomó el nuevo Gobierno liderado por Carlos Mazón durante su primer reunión en julio.

Durante la campaña de las elecciones autonómicas, el PP ya había puesto fecha a la eliminación de lo que consideran un «impuesto a la muerte». Precisamente, el próximo martes 28 de noviembre se cumplen seis meses de los comicios, el tiempo exacto que tienen los herederos para presentar la autoliquidación del tributo desde el día de fallecimiento del causante bajo los términos de la normativa que ahora se modifica.

Esperar a la votación prevista inicialmente en el pleno ordinario de la Cámara del jueves 30 habría generado incidencias para algunos contribuyentes que, aunque se podrían solucionar devolviendo las cantidades abonadas a la Agencia Tributaria Valenciana o prorrogando automáticamente el término de la liquidación, se han querido evitar.

La Generalitat calcula que las arcas públicas dejarán de ingresar 231 millones ante una medida que beneficiará a alrededor de 20.000 valencianos, con un ahorro medio de 8.000 euros.

Durante el debate, la diputada del PP, Mari Carmen Contelles, ha señalado que esta medida inicia la reforma fiscal prometida a las «rentas medias y bajas» para «reactivar la economía», con la que su formación está «eliminando una inmoralidad» que estaba «exprimiendo al contribuyente».

«Nunca más ningún valenciano tendrá que pagar dos veces por el esfuerzo de sus padres», ha defendido, mientras ha rechazado los argumentos «demagógicos» de la izquierda, pues «los ricos no renuncian a las herencias» porque pueden asumir el impuesto.

Por parte de Vox, Teresa Ramírez, ha señalado que los valencianos «vuelven a quedarse lo que es suyo» tras eliminarse «en la práctica» uno de los impuestos «más injustos». Según Ramírez, se acaba con el «uso confiscatorio» de la izquierda del «pequeño patrimonio» de la «clase media ahorradora y trabajadora», al tiempo que ha abogado por seguir avanzado en reducciones fiscales.

En contraposición, el portavoz adjunto del PSPV, Arcadi España, ha lamentado que desde «hoy la Comunidad Valenciana será una tierra menos justa». «Los recortes a las rentas más altas de hoy, son los recortes en gasto público de mañana», ha aseverado, poniendo como ejemplo que el Consell destine 7,3 millones de euros a rebajar el recibo del agua a dos millones de familias, pero prevé dejar de ingresar 231 millones para solo 18.000 ciudadanos. «Para que exista igualdad de oportunidad tiene que haber impuestos progresivos. Piensen en la mayoría», ha reclamado España.

En la misma línea, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha criticado que esta medida solo afecte «a un 1% de los valencianos», porque la mayoría de los que pagaban abonaban «menos de cinco mil euros». «Solo un 3,8%» de los afectados, ha indicado, pagaban cantidades superiores. A su juicio, PP y Vox están beneficiando a las rentas altas en detrimento de quienes no llegan a final de mes, en lo que ha calificado como «una amnistía» y «un Black Friday» para «los más poderosos».

La modificación de la Ley 13/1997, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y restantes tributos, por lo que se refiere al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, contempla los siguientes supuestos.

Si las adquisiciones se realizan por hijos o adoptados menores de 21 años, se aplicará una reducción de 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el donatario, sin que la reducción pueda exceder de 156.000 euros.

Cuando las adquisiciones se hagan por hijos o adoptados de 21 o más años, por el cónyuge, padres o adoptantes, se asignará una reducción de 100.000 euros; en las adquisiciones por nietos se fijará una reducción de 100.000 euros si el nieto tiene 21 o más años, y 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el nieto, sin que, en este último año, la reducción pueda exceder de 156.000 euros, mientras que en las adquisiciones realizadas por abuelos, las reducciones serán de 100.000 euros.

En las adquisiciones por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y con discapacidad psíquica, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se aplicará una reducción a la base imponible de 240.000 euros.

Cuando la adquisición se efectúe por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que sean el cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados del donante, se aplicará una reducción de 120.000 euros. Igual reducción, con los mismos requisitos de discapacidad, resultará aplicable a los nietos y a los abuelos.