Adaptación legislativa y fiscal ante un evidente cambio social

Con ello se ha conseguido una gran mejora para las familias, fundamentalmente de la clase media, en el trato fiscal de este impuesto, pero no su eliminación, como retóricamente se ha venido manifestando.

Existen todavía beneficiarios de las herencias que tienen que hacer frente a tasas elevadas, que en nuestro territorio autonómico, pueden seguir llegando a ser del 81,6%. Estos son los pertenecientes a los grupos denominados III (hermanos, sobrinos, tíos), y IV (parejas de hecho, vecinos, conocidos). Esta situación tiene que cambiar, al igual que lo ha hecho la sociedad española.

Cabe recordar que el Derecho Sucesorio en la Comunidad Valenciana se basa en el Código Civil que data de 1889. 134 años de diferencia en una sociedad que ha desarrollado grandes cambios, tanto del concepto de unidad familiar como de vínculos conyugales y sociales, así como parejas sin descendencia. De esta forma cada día son más numerosos los herederos nombrados en el testamento que forman parte de los grupos III y IV, sin ningún tipo de bonificación fiscal, sino todo lo contrario, que mantienen un coeficiente multiplicador que puede llegar a ser de 2,4 veces más que la cuota íntegra aplicable a un hijo.

Debido a los nuevos modelos de familias que se van conformando con el paso del tiempo, así como el aumento de la esperanza de vida y el incremento de la demanda por flexibilizar o eliminar las legítimas, la sociedad viene reclamando que el derecho sucesorio y el trato fiscal del mismo tiene que ser revisado.

Y ante ello los partidos políticos, especialmente aquellos con fundamentos liberales y socialdemócratas, deberían de ir adaptando e implantando cambios en el ordenamiento jurídico para enterrar definitivamente los impuestos a la muerte.

En ese sentido, Canarias ha aprobado ya la máxima bonificación para hermanos, sobrinos y tíos, Murcia en breve y Madrid tiene pensado hacerlo esta legislatura. En la Comunidad Valenciana, esperemos que el Gobierno de la Generalitat, también lo haga, al menos al 50% como prometió el Partido Popular en su programa electoral fiscal.

No obstante, el gran cambio debe producirse a nivel nacional con la eliminación de la Ley del Impuesto de Sucesiones y la modificación de la Ley del Régimen de Financiación de las Haciendas Locales para suprimir la mortis causa como un hecho imponible para recaudar por plusvalía, de forma que el tratamiento fiscal de la muerte deje de depender del color del partido político que gane las elecciones.

Antonio Garañena Cubes es presidente de la Asociación Contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana