Antifraude constata pagos irregulares en el Ayuntamiento de Morella tras poner el foco en el hermano de Ximo Puig

La investigación se inició en 2023 a raíz de que los populares denunciaran que las empresas administradas por Francis Puig, hermano del entonces presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, habían recibido 629 pagos por valor de 408.000 euros desde 2015 por parte del consistorio castellonense «sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación» y con facturas «sin ningún tipo de soporte legal».

No obstante, la agencia no ha publicado todavía el expediente íntegro -el PP ya lo ha solicitado- ni hace referencia a ninguna mercantil en su escrito dirigido a los populares, por lo que se desconoce aún si estas irregularidades afectaría sólo a productoras audiovisuales vinculadas a Puig o otras empresas que también hubieran participado en el procedimiento para la contratación municipal.

Respecto a los cinco ejercicios a los que apunta Antifraude, el socialista Rhamsés Ripollés gobernó con mayoría absoluta el municipio hasta 2023, cunado dejó paso al independiente Bernabé Sangüesa.

Antifraude da ahora tres meses al Ayuntamiento de Morella para cumplir una serie de recomendaciones. En primer lugar, que revise de oficio las facturas abonadas sin contrato, «sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse».

También le pide que apruebe un plan «que establezca un reparto de acuerdo a criterios objetivos» y «de a conocer los criterios generales de comunicación institucional y planifique la inversión publicitaria del ayuntamiento para cada anualidad y en el que se establezca desde que área administrativa y presupuestaria se gestionará».

Asimismo, le reclama que cumpla con la ley de transparencia: «El Ayuntamiento de Morella deberá publicar en el portal institucional la información relativa a todas las campañas de publicidad y de promoción institucional y su coste, especificando el órgano que inicie el expediente, los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio, los criterios utilizados para realizar su distribución entre estos, el coste de los diferentes conceptos y la modalidad y el periodo de ejecución. Esta información que deberá actualizarse al menos una vez en el año».

El portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, Salvador Aguilella, ha indicado en un comunicado que su «siguiente paso», cuando analicen el informe íntegro, «será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas».

En paralelo a este procedimiento, Francis Puig está al borde del juicio oral en la causa penal abierta por las ayudas del Gobierno valenciano y del catalán que recibieron, entre 2015 y 2018, las productoras que administraba en la provincia de Castellón. La Fiscalía Anticorrupción y la Generalitat reclaman cuatro años de cárcel para el empresario audiovisual Francis Puig por un presunto delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada.