Concejales de Podemos-IU contratan a empresas afines en Alicante

Al tratarse de un contrato menor, la adjudicación pudo realizarse sin concurso ( el límite para licitar los contratos es de 18.000 euros ). La Concejalía de Participación Ciudadana encargó a PreparacCión una «Propuesta de coordinación metodológica para el diseño de un plan de participación ciudadana para el municipio de Alicante». A la adjudicación, según el informe de la Concejalía, se invitó a cinco empresas, pero solo se presentó la entidad vinculada al asesor de Angulo, también militante de IU.

Federico Sabater trabajó para PreparacCión entre 2007 y 2009, para elaborar un proyecto similar al que ahora ha encargado el Ayuntamiento de Alicante, en este caso para el Consistorio de Novelda, en la misma provincia. De hecho, el asesor esgrimió su vinculación con esta entidad en el currículum que presentó para ser contratado como cargo de confianza en la Concejalía. «Guanyar» organizó una suerte de concurso de méritos de apariencia objetiva, en el que sin embargo lo que más se valoraba era la «militancia en organizaciones sociales y partidos que apoyan a Guanyar Alacant» . Sabater aportó su militancia en IU y su vinculación con PreparacCión como méritos, y fue valorado con la puntuación máxima en este apartado.

Curiosamente, el técnico de Participación Ciudadana que firma el informe favorable a la adjudicación del proyecto a la citada asociación es José Luis Berenguer , que ocupaba el puesto número siete en la candidatura de «Guanyar» al Ayuntamiento –la marca blanca de Podemos e IU obtuvo seis concejales, que se integraron en el gobierno del socialista Gabriel Echávarri (6 ediles) y Compromís (3)–. Berenguer, al contrario que el asesor de Angulo, sí es personal funcionario del Ayuntamiento.

La adjudicación de Participación Ciudadana no es la única controvertida que ha protagonizado últimamente el grupo municipal de «Guanyar» . La concejal de Vivienda y Acción Social, Nerea Belmonte , está en la cuerda floja por otros contratos menores otorgados a una empresa afín , e incluso el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, señaló ayer que lo más conveniente sería que presentase su dimisión. Los contratos de la discordia se refieren fundamentalmente a acciones comunicativas de la Concejalía de Acción Social, y se encargaron a TechData Comunicación, una empresa creada por dos compañeros de Belmonte.

Los socios de TechData Comunicación formaron parte de la candidatura de Belmonte para liderar la agrupación local de Podemos en Alicante. Uno de sus socios, Francisco Olivares, posee una amplia trayectoria en el sector de la comunicación, y de hecho ejerció durante años como jefe de prensa del artista Raimundo Amador. La empresa, sin embargo, se fundó poco después de las pasadas elecciones locales, en las que Belmonte accedió al Ayuntamiento. Desde entonces han recibido varios contratos de pequeño importe que suman unos 17.000 euros en total.

Belmonte es la única concejal de «Guanyar» militante de Podemos , ya que el resto de concejales pertenecen a IzquierdaUnida –en Alicante, la confluencia fue liderada por el partido de Garzón, que ya tenía dos concejales la legislatura anterior–. Los contratos a dedo, de hecho, han abierto una guerra interna entre las dos formaciones en la capital alicantina: el portavoz de «Guanyar» y líder de IU, Miguel Ángel Pavón, está dispuesto a dejar caer a Belmonte, de Podemos, mientras ha dado la cara por Marisol «La Roja» –concejal de Juventud condenada recientemente por injurias al Rey– y por Julia Angulo, ambas de Izquierda Unida.

En el caso de la concejal de Participación Ciudadana , fuentes de la coalición esgrimen en su defensa que la entidad beneficiada por el contrato tiene varios años de existencia y que tiene una trayectoria contrastada.

Ayer, en plena guerra fría, el Ayuntamiento de Alicante aprobó los presupuestos para este año con tres meses de retraso –las cuentas siguen sometidas a un plan de ajuste aprobado bajo mandato del PP–. Belmonte votó a favor, aunque antes cargó duramente contra el proyecto y consideró que podía haberse «trabajado más».

Por la tarde, la asamblea de «Guanyar» – controlada por Pavón – se reunió para valorar si el caso de Belmonte vulneraba su código ético, aunque no hubo resolución. Si dimitiera, el técnico que adjudicó el contrato de Participación Ciudadana se convertiría en concejal.