El TSJ obliga a detallar los documentos valencianos que retiene Cataluña de los «Papeles de Salamanca»

Esta información desvelaría cuántos documentos de instituciones y personas valencianas salieron del Archivo de Salamanca «negligentemente» . En un auto fechado el 23 de octubre de este año, el juez reclama asimismo una explicación de los criterios que se siguieron para autorizar la salida de cada uno de los 400.000 documentos de la Guerra Civil cuya devolución exige la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Además, siguiendo la petición de Policarpo Sánchez –quien a título personal litiga contra el Gobierno de Cataluña en esta causa –, el TSJC ha pedido que se entreguen a este investigador las actas de las reuniones de la Comisión Mixta encargada de decidir qué documentos debían entregarse y cuáles no.

La Comisión Mixta estaba formada por dos delegados de la Generalitat y otros dos por parte del Gobierno. Estos últimos eran personas de absoluta confianza de José Luis Rodríguez Zapatero : el director general del Libro, Rogelio Blanco, y Severiano Hernández, a quien el Partido Popular ha mantenido en su cargo de subdirector general de Archivos Estatales.

En base a la citada ley del año 2005, la documentación susceptible de llevarse al Archivo de Cataluña era únicamente la relativa a instituciones, partidos políticos, organizaciones y particulares de esa región, y solo con el objetivo final de entregarlo de forma definitiva a sus propietarios o sus sucesores. Sin embargo, tal y como avanzó ABC el pasado mes de septiembre , en su demanda judicial Sánchez aportó pruebas de que el traslado de papeles se realizó «sin rigor» y «de forma negligente», puesto que entre las cajas que salieron de Salamanca se encontraban miles de documentos de otras procedencias . De las 2.292 cajas de legajos (con 1,1 millones de documentos en su interior) trasladadas a Sant Cugat del Vallés, este investigador tan solo tuvo tiempo de revisar el contenido de cerca de trescientas.

Como resultado de este escrutinio –que apenas supone una pequeña muestra del total–, se ha constatado que al menos 2.000 papeles tienen procedencia alicantina, valenciana o castellonense . Se trata principalmente de carnés sindicales y comunicaciones internas entre organismos políticos y culturales, y forman parte de la enorme masa documental que fue incautada a finales de la Guerra Civil por las autoridades militares franquistas.

El alcance total del supuesto «expolio» no se conocerá hasta que el Ministerio de Cultura o la Generalitat de Cataluña faciliten una relación detallada de los documentos que abandonaron la sede del Archivo Nacional , así como las certificaciones de haber dejado copia compulsada de cada uno de ellos. Con el auto antes referido, el juez obliga al Gobierno central a manifestarse en un plazo de 30 días hábiles que está punto de expirar .

Como cabeza visible de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Sánchez duda de que la Subdirección de Archivos Estatales posea esa información. Según el relato de este investigador –quien solicita a través de la web de la Asociación ayuda para sobrellevar los costes del litigio– «no existe ninguna lista detallada porque la autorización de salida de documentos no se hizo siguiendo criterios técnicos; se resolvió como un acuerdo meramente político ».

Así, explica que «durante cuatro años me han negado una y otra vez la información argumentando que se trataba de un secreto de Estado. Ahora el juez les obligará a retratarse ».