El Archivo de Cataluña retiene al menos 2.000 documentos valencianos

Los sellos, incluso las referencias manuscritas, evidencian su origen. Son principalmente carnés sindicales de ciudadanos valencianos, castellonenses y alicantinos ; también hay correspondencias internas entre organismos e instituciones del bando republicano con origen o destino en la región. La razón por la que estos documentos acabaron en Cataluña no está clara todavía («no podemos decir si hubo error o dolo»), aunque algunos testigos aseguran que tanto el inventariado como el posterior traslado de papeles desde el Archivo Nacional de la Guerra Civil en Salamanca se produjo «sin ningún control» . «Se llevaban las cajas como si fuesen de manzanas», denuncia Policarpo Sánchez, presidente de la asociación antes citada y cabeza visible de la batalla judicial que exige la restitución de 400.000 documentos extraídos «ilegalmente».

Para este investigador, la cuestión de fondo «no es solo la pérdida patrimonial que supone que se hayan llevado los originales; o la pérdida de información porque no han dejado copias de muchos de los documentos, sino el peligro que supone que cuenten la historia como les convenga ».

El conseller de Cultura catalán, Ferrán Mascarell, admitía en una resolución de principios de 2014 la existencia de algunos errores en el traslado de los documentos , pero «negándose expresamente» a devolverlos . Se agotaba así la vía administrativa emprendida cinco años antes por Policarpo Sánchez, quien decidió abrir la judicial con una demanda recurrida después por la Generalitat, con el apoyo de ERC y la Comisión de la Dignidad, que se personaron en calidad de codemandados de forma voluntaria. El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó estas alegaciones , lo que garantiza que habrá sentencia en un futuro próximo.

En virtud de la norma de 2005 -contra la que litigó sin éxito la Junta de Castilla y León-, toda aquella documentación relativa a instituciones, partidos políticos, organizaciones y domicilios particulares catalanes incautada durante o tras la Guerra Civil debía de ser restituida a Cataluña, con el objetivo final de entregarlo a sus propietarios originales o a sus sucesores .

La Generalitat asegura haber reintegrado a sus legítimos dueños el 90% de los «papeles de Salamanca» que obran en su poder. Sin embargo -y aquí se asienta una de las columnas que sostienen la demanda-, a tenor de las investigaciones emprendidas por los historiadores y archiveros opuestos al traslado, la Generalitat ha retornado un número ínfimo de documentos . No ha contactado, por ejemplo, con la familia del sindicalista de la localidad castellonense de Geldo cuyo carné se custodia sin explicación aparente en Sant Cugat del Vallès. Esta es solo una de las muchas pruebas notariales aportadas por Sánchez ante el juez.

En muchos casos las organizaciones a las que hacen referencia los documentos han desaparecido ; en otros es complicado localizar a las familias de los titulares, porque de ellos se sabe poco más que el nombre. En cualquier caso, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca denuncia incidentes mucho más graves; calcula que al menos 200.000 documentos han sido restituidos a entidades que nada tienen que ver con ellos . «Hemos detectado miles de escritos pertenecientes al PSOE de Asturias que la Generalitat ha adjudicado a la Asociación Regional de Asturias en Cataluña», señala el investigador salmantino a modo de ejemplo.

El tercero de los argumentos esgrimidos por los demandantes para exigir la devolución de papeles es el descubrimiento, en un estudio realizado al azar, de centenares de casos en los que la Generalitat no dejó copia digital , lo que era condición indispensable para permitir su traslado. Se han encontrado asimismo documentos incompletos, como uno sellado por la CNT de San Vicente del Raspeig, del que únicamente se digitalizó la primera página.

Los «papeles de Salamanca» han sido objeto de conflictos políticos desde la Transición española. Esta masa documental, trasladada durante la Guerra Civil a Salamanca, sirvió para elaborar fichas de más de tres millones de españoles republicanos , de ahí su simbolismo. Con la llegada de la democracia se convirtió en un Archivo Histórico Nacional abierto a los investigadores. En 1999, con José María Aznar como presidente del Gobierno, pasó a llamarse Archivo General de la Guerra Civil. En 2005, cumpliendo con la condición impuesta por sus socios de Gobierno en Cataluña, Zapatero dio vía libre al traslado de la parte «catalana» del archivo.

El problema de fondo es, en palabras de Policarpo Sánchez, que «bajo la apariencia de la reparación de una injusticia histórica hay motivos estrictamente políticos ». Una prueba de ello es, en su opinión, la «falta de consideración» con las familias de republicanos valencianos , cuyos documentos retienen con «plena conciencia».