Qué se investiga en la pieza separada secreta sobre la gestión de los abusos del exmarido de Mónica Oltra

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha devuelto la investigación contra trece cargos, funcionarios y trabajadores del centro Nino Jesús de Valencia al juez instructor Vicente Ríos, tras perder Oltra su condición de aforada al renunciar al acta de diputada autonómica.

Ríos solicitó al TSJ que imputara a la dirigente de Compromís, por lo que el siguiente paso natural, tras cancelarse la declaración de la exvicepresidenta ante la Sala de lo Civil y Penal, sería que la citara como investigada en instrucción.

De momento, los trámites judiciales siguen su ritmo y se espera que el trayecto de vuelta sea más rápido que el de ida: la exposición razonada del instructor se elevó en abril al TSJ, que no imputó a Oltra hasta junio. Pero, en ese sentido cobra especial importancia un detalle que se desconocía hasta la fecha y que puede prolongar el proceso: la apertura de una pieza separada secreta por parte del magistrado el pasado mes de marzo.

Un anexo al procedimiento original que partiría del expediente reservado que, según el juez, se utilizó para desacreditar a la víctima de 14 años y exculpar a su agresor, Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo.

De hecho, un día antes de que la dirigente de Compromís anunciara su dimisión de todos sus cargos -oficializada ocho días después-, la Policía Judicial se personaba en la sede de la Dirección Territorial en Valencia de la Conselleria de Igualdad para obtener el informe original con su correspondiente certificado de autenticidad. Un registro que duró alrededor de ocho horas, pese a que ese documento ya había sido aportado a la causa por una de las investigadas en su declaración en el juzgado.

Ahora, es también probable que los abogados de Mónica Oltra le recomienden no declarar hasta conocer el contenido de esa pieza secreta, aunque eso también contribuiría a alargar la instrucción, teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas , previstas para mayo de 2023, están a la vuelta de la esquina.

Ese documento administrativo sobre los abusos lo inició la entonces subdirectora de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza, a instancias de su superior, la directora general Rosa Molero -que sigue en su cargo-, el 8 de agosto de 2017, cuando un juez ya había dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima. Esta investigación «paralela» a la judicial , según el juez, se centró en quitar credibilidad al testimonio de la menor.

El informe articula, en gran parte, la acusación contra la exconsellera y su equipo. Tanto es así, que la Fiscalía Superior aludía a indicios de presunta prevaricación en la actuación de Oltra, a quien señalaba por ordenar verbalmente a sus subordinadas abrir este expediente reservado tras recibir una notificación judicial en su casa el 4 de agosto.

En su extensa exposición razonada elevada al TSJ, el titular de Instrucción número 15 aludió a la creación de un documento «carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste». Todo con el objetivo de « desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido -el de Oltra- era el investigado».

El «Informe Reservado 1/2017» se concluyó en noviembre y se envió a la Fiscalía. Sin embargo, pese a su carácter exculpatorio y por causas que se desconocen, no se incluyó en el juicio contra Icardi, que tuvo que repetirse parcialmente por esta cuestión.

La causa actual tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, presidida por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Ambos se ampararon en la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al educador y en la que ya se indicaban indicios de encubrimiento por parte del personal de Igualdad. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.