El martes, Puig volvió a defender una desescalada «prudente y no disruptiva» , ya que la autonomía está en una situación de «superación continuada» de la pandemia y de «apertura progresiva» que tiene que tener «sus tiempos».
Sin embargo, para mantener las limitaciones como el toque de queda o la limitación del número de personas en reuniones, el Gobierno valenciano debería pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) , al tratarse de medidas que afectan a los derechos fundamentales.
Antes del fin del estado de alarma -el 9 de mayo, la justicia valenciana, con el criterio a favor de la Fiscalía, dio el visto bueno a las limitaciones que aprobó la Generalitat , al considerar que eran «medidas indispensables» para frenar la propagación del virus .
En esas fechas, la
incidencia del coronavirus
en los últimos catorce días era de 40,54 contagios por cada 100.000 habitantes, once puntos superior a la actual. En estos momentos, la incidencia es de 29,58 positivos, cerca de la horquilla de la nueva normalidad o riesgo mínimo de contagio.
En este contexto, la Generalitat analizará esta semana, en la Mesa Interdepartamental, los informes de los expertos y la situación epidemiológica y se prevé que solicitará al TSJCV la
prórroga de las limitaciones
.
La Justicia, en base a la explicación científica para mantener las medidas, deberá decidir si avala o no las limitaciones en la Comunidad Valenciana, autonomía que está en riesgo bajo del coronavirus durante los últimos dos meses.
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