La empresa investigada por financiar al PSPV optó a contratos públicos con hasta seis sociedades

El auto de inhibición de la juez encargada del caso en favor de los juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm fechado el pasado enero -al entender que los hechos no han tenido lugar en el partido judicial de Valencia- coloca en el centro del entramado a Crespo Gomar , la agencia de comunicación que contrataron los socialistas para la campaña y que, al parecer, facturó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio de estas supuestas prácticas irregulares, habría sido adjudicataria de contratos con un «posible trato de favor» , en opinión de la juez, «como pago» de la financiación.

Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar, y en ella trabajó también el exdiputado autonómico José Ramón Tíller. Ambos eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. De hecho, Tíller asesoró, además de a Orengo, al exjefe del Consell Joan Lerma y a la exalcaldesa de Gandia Pepa Frau. Ahora es responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa mixta Egevasa (sociedad mixta participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por el grupo Aguas de Valencia), que también figura en los papeles como donante del Bloc.

En las diligencias del caso aparecieron indicios de una «clara vinculación» entre esta agencia (así como otras mercantiles ligadas a la misma) y el PSPV. «Como intermediaria para facilitar la financiación de dicho partido (y la del Bloc) percibió fondos de las Administraciones Públicas» gobernadas por los socialistas . Se citan concretamente contratos de varios ministerios durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que en total superan el millón de euros y que se investigan en los juzgados de Madrid.

Las indagaciones judiciales pusieron igualmente de manifiesto la relación entre Crespo Gomar y diversas sociedades del mismo grupo, o la participación en ellas de personas vinculadas al partido e incluso familiares. Destaca Opino Media , dirigida por José Ramón Tíller y en la que figuraba como administrador Alberto Gomar. Fue la adjudicataria de los polémicos opinómetros por parte del Ayuntamiento de Benidorm en la época de Agustín Navarro como alcalde. Se trataba de unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero.

Alberto Gomar fue también impulsor de Ossido Comunicación , empresa con sede en Gandia que resultó beneficiaria de numerosos contratos con el Ayuntamiento de la localidad.

La juez hace hincapié en otras empresas vinculadas a Crespo Gomar que se presentaron a un concurso público de Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (dirigido por Cristina Narbona), en 2007. El objetivo era elaborar acciones comunicativas que promocionaran las bondades de las desaladoras en Denia y Torrevieja (por 205.000 euros y 200.000 respectivamente). El primero se lo llevó Crespo Gomar y el segundo Publicaciones Miracasa .

Junto a los contratos de servicios de comunicación, días después se sacaron a licitación otros dos contratos, uno para cada desaladora, por importe de 60.000. Aquí, en opinión de la juez, se observa un fraccionamiento de contratos que contraviene la ley.

En todo este proceso se presentaron, remarca el auto, empresas del mismo grupo, las cuales «omitieron dicha circunstancia, pese a estar obligadas a ello, con una clara limitación del principio de concurrencia pública». Junto a Crespo Gomar, aparecían como licitadores L y C Estudio Fotográfico , sociedad vinculada con la primera, y Publicaciones Miracasa.

En la contratación del servicio de organización de eventos y gestión de un local por importe de 60.000 euros también se presentaron sociedades vinculadas a Crespo Gomar, como Silvia García S.L. , a quien se adjudicó uno de ellos.

A todo ello se une una operación que la juez encuentra especialmente sospechosa . Se trata de la adquisición de un inmueble en Gandia por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros. Una compra que fue subvencionada al 50% por el Consistorio (257.000 euros), al frente del cual se encontraba José Manuel Orengo, actual asesor de Ximo Puig.

Dicho local pertenecía a una mercantil administrada por Antonio Gomar y, tras varios movimientos con empresas de familiares suyos, se vendió por casi el doble de lo que costó tres años antes.