La rama de Gandía en la financiación del PSPV

La agencia fue la encargada de la campaña de los socialistas valencianos durante las elecciones de 2007 y, según los investigadores, habría facturado servicios al partido de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas . Esta sociedad fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar , y en ella trabajó también el exdiputado José Ramón Tíller. Ambos eran personas de confianza de Orengo.

En la documentación que se analiza en los juzgados figuran contratos por 159.362 euros desde el Consistorio en 2008. En 2009, desde esta misma administración local, fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.

Más allá de estas cantidades, la juez hace hincapié en una operación que considera especialmente sospechosa. Se trata de la adquisición de un inmueble en la localidad por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros . Una compra que fue subvencionada al 50% por el Consistorio (257.000 euros).

Dicho local pertenecía a una mercantil administrada por Antonio Gomar, teniente de alcalde en ese momento y padre de Alberto Gomar. En 2003, el inmueble se entregró como aportación para la constitucion de otra sociedad de Antonio Gomar. En ella participaba a su vez una empresa administrada por su hija, Gema Pascual.

En 2006 el inmueble es vendido de nuevo, esta vez por 280.000 euros, a la mercantil Mora Gomar, administrada por el yerno de Antonio Gomar, Joaquín Mora. Fue finalmente esta sociedad la que lo vendió, por último, a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes .

En todos estos movimientos, detalla la juez, se entendió pertinente la tasación pericial del valor que en el mercado tenía el local en la fecha de su adquisición. «No obstante, y al objeto de evitar que pudiese saltar a la luz la investigación en curso y se procediera a la destrucción de documentación relevante, se nombró un perito de fuera de la Comunidad Valenciana, sin que pudiese llevarse a efecto la diligencia acordada, al no aceptar el encargo el perito por falta de provisión de fondos ». Queda pendiente, por tanto, la práctica de la tasación pericial del inmueble y la entrega del expediente administrativo de la subvención.