Caso Mónica Oltra: cuáles son los presuntos delitos por los que ha sido imputada la vicepresidenta valenciana

La causa tiene su origen en el fallo de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor -educador en un centro concertado- a cinco años de prisión y su ratificación en el TSJ. Ambos incidían en el desamparo de la menor por parte de quienes tenían que protegerla y la existencia de una investigación «parajudicial» cuando el caso ya estaba en manos de los tribunales.

Tanto la defensa de la víctima -ejercida por el lider de España 2000-, como la asociación Gobiernate, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, llevaron el asunto a los tribunales, dando pie a que el Juzgado de Instrucción número 15 iniciara una investigación. La formación de Santiago Abascal también está personada como acusación popular.

A partir de lo dispuesto en la Exposición Razonada que el juez instructor elevó a la Sala de lo Civil y lo Penal con una serie de indicios, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana , representada por la fiscal Teresa Gisbert, puso sobre la mesa la posible comisión de tres ilícitos penales: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos . Los magistrados de la Sala han hecho suyo este relato que tanto la vicepresidenta como el resto de imputados niegan.

De hecho, Oltra ha mantenido una misma versión de lo ocurrido desde el principio ante las Cortes Valencianas y ante los medios, salvo en el punto crucial de esta historia: primero aseguró que ella había ordenado abrir el expediente reservado, para después matizar sus palabras y asegurar que buscaba proteger a los funcionarios que se habían visto señalados. El 6 de julio , la dirigente de Compromís tendrá que dar explicaciones en sede judicial.

La Fiscalía atribuye íntegramente a Mónica Oltra el presunto delito de prevaricación al entender que fue ella quien ordenó abrir una investigación paralela a la judicial para «desvirtuar la credibilidad de la menor» cuando se enteró en agosto de lo ocurrido porque un juez ya había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima y recibió la notificación en su casa.

«No de otra manera se explica el comportamiento» de los funcionarios a su cargo, «ocultando y desacreditando». «Supone un plan preestablecido. Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad , sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre [...] la misma versión exculpatoria de la Conselleria de Igualdad», subraya la fiscal.

El TSJ recuerda que aunque « no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada», «sí que concurren unos indicios plurales» de que se buscó ocultar los hechos y restar credibilidad al testimonio de la víctima. La jurisprudencia del Supremo y el Constitucional indica, según el auto, que «esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona».

Sea aceptado o no el recurso de Luis Ramírez Icardi en el Supremo, apunta el escrito de la Sala, «lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia», algo que podría entenderse como constitutivo de prevaricación o de malversación impropia, «en la medida que han podido implicar un uso indebido de recursos públicos con fines particulares».

El presunto delito de abandono de menores se imputaría tanto a Oltra como a los otros trece imputados, entre cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y trabajadores del Centro Niño Jesús de Valencia, puesto que incumplieron «su obligación legal de cuidarla, protegerla, y proporcionarle asistencia». «El hecho de no denunciar los abusos -cuando la menor los relató en febrero de 2017 - ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo», «poniéndose en grave peligro la formación de la menor». La niña estaba en una «gravísima situación de riesgo», que «que pudo agravarse con la reincorporación del educador investigado», insiste el Ministerio Público.

«Estos incumplimientos fueron dolosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto, residiendo la causa de tal manera de proceder en una decisión de ocultar los hechos y sin soporte razonable que los justifique». «Y colofón final fue, que cuando por fin la Fiscalía denunció los abusos -cuatro meses después, en junio, tras tener conocimiento dos policías de los hechos por boca de la niña- y se inició el correspondiente procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción n°15 de Valencia, fue entonces cuando se confeccionó el expediente informativo con la finalidad de desvirtuar la versión de la menor».

Oltra explicó en su momento que la Generalitat carecía de un protocolo para comunicar casos de este tipo y que la única instrucción existente era un correo electrónico en el que se explicaba que, en caso de que los psicológos no dieran credibilidad a la victima, no se trasladara el caso a Fiscalía.

Este último delito, relacionado con el anterior, también sería imputable a todos los investigados, según la Fiscalía. «Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación , como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner enconocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administráción de Justicia los abusos manifestados por Maite Tanco Muela, ocultando los mismos y manteniéndolos durante más de cuatro meses hasta que, por causas ajenas a la Consellería, la Policía (GRUME) y la Fiscalía tuvieron conocimiento de tales presuntos abusos», asevera la fiscal Teresa Gisbert.