Casi 90 años de cárcel para los 37 acusados de la Mara Salvatrucha

La sentencia, notificada hace unos días a las partes y a la que ha tenido acceso Efe, sustituye en su totalidad las condenas fijadas a 24 de los reos por el pago de multas.

Uno de los abogados defensores, Roberto Sánchez, ha asegurado hoy a Efe que está conforme con las penas impuestas a su cliente.

Aunque el fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, fuentes judiciales han informado de que ningún letrado ha anunciado por ahora su voluntad de apelarlo y solo se han pedido aclaraciones sobre la devolución de objetos intervenidos a los procesados.

El juicio por estos hechos, que debía desarrollarse a lo largo de una decena de sesiones diarias hasta el próximo mayo, quedó visto para sentencia el pasado 8 de marzo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las defensas alcanzaran un acuerdo.

De esta manera, los 37 presuntos miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha que fueron juzgados - otros cuatro se encuentran en busca y captura - han sido condenados a penas que oscilan entre los 13 años y 3 meses, y los 6 meses de cárcel.

Esas condenas máximas corresponden a los hermanos Esteban Arnulfo y Pablo Antonio N.M., conocidos con los alias de "Darkin" y "Bigman", respectivamente, y que se hallan en prisión por estos hechos.

La llamada operación Cruasán permitió a la Guardia Civil descabezar en marzo de 2014 la cúpula de esta banda latina y frenar sus planes para expandirse en España, además de abortar dos posibles asesinatos.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante recoge íntegramente la versión acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, intento de asesinato, conspiración para el asesinato , lesiones, amenazas y blanqueo de capitales.

Entre los condenados figuran los cabecillas de las distintas "clicas" o distritos territoriales de la MS13 que se agruparon para constituir el "Programa 34" , como denominaban a su proyecto de expansión en España.

Dicho "programa" tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la clica Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Girona y Barcelona.

Según los magistrados, los miembros de la organización seguían el dictado de los jefes de la misma en El Salvador y Guatemala, y recibían financiación desde esos países , al tiempo que obtenían fondos del tráfico de drogas.

Durante la primavera de 2013, algunos "mareros" se vieron envueltos en peleas por el "control del territorio" con una banda rumana asentada en Ibi y llegaron a encargar el asesinato de uno de sus rivales, pero la Guardia Civil lo frustró con su intervención.

Igualmente, algunos de los jefes conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido en el puerto de Alicante en agosto de 2012 de un presunto miembro de una banda enemiga, los Latin Kings, un hecho que desencadenó esta investigación.