Los mareros de la Salvatrucha son ahora padres de familia y trabajan

El martes, casi cuatro años después, se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Alicante para ser juzgados por delitos contra la salud pública, organización criminal, amenazas, lesiones, intento de asesinato, tenencia ilícita de armas y blanqueo de dinero. Algunos, como los dos hermanos mayores Nativi Mejía (Esteban y Pablo) llevan desde 2014 en prisión. Esteban, iniciado en la mara a los 16 años en El Salvador, era el responsable del «Programa 34» y entre sus funciones estaba invertir el dinero de la organización en negocios legales y captar nuevos miembros.

«La operación Cruasán fue un servicio policial quirúrgico, como si cortaras una mala hierba. Se han apartado de la mara, muchos han rehecho y cambiado su vida y esa organización que tenía ya más que un peligro potencial quedó desarticulada», explican a ABC fuentes de la investigación.

Muchos de los que hasta hace cuatro días eran pandilleros bravos, narcos de medio pelo y «outsider» con ínfulas se han reconvertido en maridos, padres de familia y trabajadores. Los 37 mareros que comparecieron el martes ante el tribunal (hay 41 procesados) ya no quieren «hacer crecer el Barrio» (como denominan a la expansión de la mara). Son de nacionalidad salvadoreña, rumana, ecuatoriana, española, boliviana, hondureña, pakistaní, búlgara y marroquí se cubrieron los rostros con las capuchas y las cazadoras y pidieron árnica. Todos han reconocido los hechos y han llegado a un preacuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, pendiente de ratificarse el próximo 8 de marzo.

Este pacto, si se cierra como parece, supondrá que las penas se gradúen y se ajusten al mínimo legal según cada caso. Así, los jefes de las clicas a los que se pedían 30 años de prisión se van a conformar con unos doce; en los casos más leves se acordarán condenas de seis meses de cárcel y otros quedarán en multa. Se dará la paradoja –si hay conformidad– de que algunas condenas serán menores que el tiempo que los acusados han pasado en prisión provisional.

La operación Cruasán empezó a gestarse en mayo de 2012 cuando se produjo en Ibi una pelea entre jóvenes rumanos y centroamericanos en el que algunos de estos se identificaron como «los maras salvatruchas». Pablo Nativi Mejía estaba entre ellos. El 31 de diciembre de 2013 fecha en que la Guardia Civil ya llevaba meses siguiendo los pasos de los supuestos miembros detectaron una reunión de cinco clicas en esa localidad alicantina. Fue en esa cita que ellos llaman «miring» donde se pusieron las bases del Programa 34. Ya contaban con territorio, miembros, división jerarquizada y código de conducta interno al que estaban sujetos todos los integrantes y cuya vulneración acarreaba castigos físicos.

Esteban Nativi (alias Darki) era el responsable de imponerlos: «Quien no cumple los puntos va a recibir una gran talegada de diez minutos para que no se falten el respeto entre hermanos (...) quien pegue un puñetazo recibirá tres cortes» (intervención telefónica de 13-01-2014). En la cita de Nochevieja se implantó la norma de comunicación constante entre todas las clicas. Esteban ordenó que todos compraran tarjetas telefónicas de la compañía «Lycamobile» para tratar los temas de la Mara de forma segura.

Tras las detenciones, los investigadores hallaron documentación que ayudó a profundizar en estas organizaciones. En poder de «Virus», líder de la clica «Normandi» de Gerona se hallaron las 35 normas de la Salvatrucha para España, que habían sido recibidas desde El Salvador. En las mismas aparecía el castigo si no se cumplían, que en los casos más graves llevaba aparejada la muerte. Algunos ejemplos: prohibido el consumo de alcohol sin autorización; la falta de respeto entre miembros; no coger el teléfono o no realizar los pagos impuestos en su fecha.

No podía faltar tampoco el rito de iniciación conocido como los «13 segundos», que consiste en recibir golpes durante ese tiempo por parte de un número concreto de miembros de la banda. El ingreso se llama «dar brinco» o «dar el salto». Cuando el aspirante pasa el «brincado» y es aceptado en la mara se le da un alias, como se ha visto, conocido en su argot como «la taca o la placa». El fin último era que imperaran las mismas reglas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador o en España, el imperio de la Salvatrucha: que todas «corran en la misma línea», se escucha en otra conversación entre «el Negro», jefe de la clica de Madrid y «elEnano» (Barcelona).

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción detalla la actividad delictiva de la banda. Los mareros, tras la reunión de Ibi, acordaron financiarse con el tráfico de drogas. En numerosas conversaciones relatan las plantas de marihuana que van a sembrar, de dónde sale el dinero e incluso cómo pueden introducir hachís y cocaína en prisión, a través de mujeres, para que la vendan los miembros encarcelados. La clica «Big Crazy» de Ibi, dirigida por los hermanos creó una red de distribución de drogas y logística en la que colaboraban numerosos individuos.

Las clicas se financiaron también con las cuotas que pagaban sus miembros, que delinquían para conseguir pagarlas. Ese dinero era ingresado en una cuenta corriente abierta por la Salvatrucha. Los mareros insistían en la importancia de gestionar bien la recaudación. Iban a recibir 10.000 dólares desde El Salvador para echar a andar. La operación policial lo impidió.