El Gobierno abre el CNI a ERC y Junts para aclarar el caso Pegasus

Está por ver si, en caso de ser cierto que la agencia de seguridad estuvo detrás del espionaje, se hizo con la correspondiente autorización legal, es decir, con permiso judicial. Bolaños desvió la respuesta, a esta pregunta, cuando los periodistas se lo plantearon, tras reunirse en Barcelona con la consejera de la Presidencia catalana, Laura Vilagrà, para tratar en exclusiva este asunto.

La visita del ministro, uno de los de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez, se organizó el sábado de urgencia y a petición de Vilagrà para acelerar las explicaciones del Gobierno al 'affaire', que el independentismo considera casi un 'casus belli'. Así, Bolaños ofreció a la Generalitat (gobernada por ERC y Junts) máxima transparencia en este caso y anunció que el Gobierno ordenará a la agencia de seguridad nacional elaborar un «control interno» para «analizar las actuaciones» relacionadas con el espionaje en el caso Pegasus, destapado por la revista estadounidense en base a un informe de la plataforma Citizen Lab.

Además, el ministro informó de que desde La Moncloa ya se han llevado a cabo los primeros contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para que, lo antes posible, se constituya la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida como comisión de secretos oficiales, que es el foro legal en el que los responsables del CNI dan cuentas desde el punto de vista político, y que no se reúne desde marzo de 2019.

El objetivo de poner en marcha esta comisión no es otro que el de llevar el informe de control interno que firme el CNI a los diputados. Es decir, el Gobierno obligará a la directora del CNI, Paz Esteban López, a responder por la investigación sobre el espionaje y lo hará, como adelantó el ministro, ante una comisión que debe estar formada por todos los grupos de la Cámara Baja, lo que incluye a ERC y Bildu.

Por último, en el paquete de medidas ofrecidas al independentismo presentadas ayer, Bolaños avanzó que el Defensor del Pueblo –que iniciará una investigación– tendrá todas las facilidades para indagar sobre el caso Pegasus y que el Gobierno colaborará con «la misma voluntad» que lo hace con la Justicia, es decir, para «desclasificar información (que tenga el CNI) para esclarecer los hechos».

Aunque Vilagrà aseguró que el ministro no le confirmó, en su reunión de más de dos horas, la participación del CNI en el espionaje, su implicación se dio por hecho en todo momento –también ante la prensa– y el representante del Ejecutivo no respondió a la preguntas de los periodistas sobre la legalidad de la actuación de la agencia de seguridad en este caso.

Con todo, para la Generalitat, las medidas que se adoptarán no son suficientes. Lo que para Bolaños fue una reunión «cordial» y «correcta», a la vez que «sincera» para tratar de «buscar soluciones» a un tema espinoso, para Vilagrà «la reunión no ha ido bien» y definió las propuestas del Ejecutivo como «vagas» e «insuficientes». Un pobre balance al que también se sumó Carles Puigdemont, que calificó la oferta gubernamental como una «tomadura de pelo», exigió la detención de los responsables y que la Fiscalía les acuse de organización criminal.

Vilagrà reiteró la idea de la rendición de cuentas. «Un caso tan grave como este necesita más claridad, honestidad y asunción de responsabilidades por parte de aquellos que nos han espiado», apuntó, ante la prensa, poco después de las palabras del ministro. Y añadió: «A día de hoy, nadie duda que el Estado español ha espiado a un mínimo de 65 personas con responsabilidades diferentes en la sociedad catalana y por el único hecho de pensar lo que piensan».

Así, la representante de la Generalitat, sin renunciar a los ofrecimientos del Gobierno, exigió dimisiones de «los responsables» y preguntó quién ordenó el espionaje, quién lo llevo a cabo, quién lo sabía y cuál era el objetivo. Y algo más: ¿qué se ha hecho con la información obtenida durante la vigilancia y quién la custodia?

Por todo esto, Vilagrà, que a su vez es dirigente de ERC, advirtió de que «si el Gobierno español no se mueve, habrá consecuencias graves», pues, en su opinión, este caso «no se puede gestionar de manera cosmética». «Nos han espiado personal y políticamente», lamentó. El consejo a La Moncloa sonó más bien a aviso, sobre todo de cara a las próximas votaciones en el Congreso, como la de este jueves, sobre el plan económico de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania que aprobó el Consejo de Ministros. Sin embargo, en este punto, no parece que ERC vaya a abandonar al PSOE y le fuerce a buscar nuevos socios, aunque sean puntuales.

En esta línea de malestar se manifestó, una vez más, desde que se conoció el caso, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, que lo hizo en una entrevista para el diario israelí 'Haaretz' –dentro del 'tour' mediático internacional iniciado el martes–. Reiteró la convicción de que el CNI está detrás del espionaje al asegurar que «un Estado democrático no espía a sus ciudadanos», ni escucha las conversaciones privadas de los oponentes políticos y se mostró apenado porque con el caso Pegasus, por ejemplo, se rompe la confianza que se necesita para «avanzar en las negociaciones» entre los dos Gobiernos.

Pese a lo delicado del asunto a tratar entre los dos socios parlamentarios, que a su vez controlan los dos Ejecutivos, tanto la escenografía de este domingo como las palabras grandilocuentes de Aragonès en los últimos días parecen destinadas, en cierta medida, a la galería independentista más que a obtener efectos prácticos a corto plazo. Sobre todo, porque Junts no participa de la estrategia negociadora de ERC y utiliza el espionaje para presionar a los de Oriol Junqueras para que abandonen la vía posibilista y vuelvan a la unilateralista de 2017.

El presidente de la Generalitat llegó a sugerir hace unos días que si no se dan explicaciones convincentes desde el Gobierno, el secesionismo podría poner fin a la legislatura. Y ayer Vilagrà recibió a Bolaños –que llegó 50 minutos tarde a la cita–, visiblemente molesta por el caso Pegasus, en su despacho del Palacio de la Generalitat y en una mesa que por sus dimensiones no es la óptima para una reunión entre dos personas. Además, Vilagrà exigió que los móviles de los dos políticos se quedaran fuera del despacho. No parece que el regalo del ministro, el libro 'En defensa de la conversación', de Sherry Turkle, apaciguara el descontento de la consejera.

Tras la reunión entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà, en el Palacio de la Generalitat, compareció ante la prensa el representante del Gobierno. Desde su equipo de comunicación se limitó a tres el número de periodistas que pudieron tomar la palabra para efectuar las preguntas correspondientes, una práctica que fue denunciada por los periodistas, que tuvieron que pactar las preguntas antes de conocer el resultado del encuentro.

La excusa que se esgrimió fue un problema de agenda. Sin embargo, Bolaños sí tuvo tiempo para, nada más salir de la Generalitat, dirigirse a la sede del PSC y reunirse, durante 35 minutos, con Salvador Illa. Después, el ministro estuvo comiendo hasta bien entrada la tarde en un popular restaurante de Barcelona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, del cual depende el CNI en esta legislatura, mostró su «total satisfacción» tras conocer que el Defensor del Pueblo abrirá una investigación «por las noticias aparecidas últimamente en medios de comunicación sobre un presunto espionaje a independentistas».

Para el departamento que dirige la ministra Margarita Robles, «dicha investigación permitirá poner de relieve que el CNI ha actuado, en todo momento, con arreglo al ordenamiento jurídico y salvar los obstáculos de secreto, transparencia y reserva de sus actuaciones, que le vienen impuestas por Ley, en concreto su Ley Reguladora 11/2002».

Desde Defensa se subraya que el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, «tendrá acceso a toda la información que requiera, para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del CNI».

Desde julio de 2019 de modo interino y febrero de 2020 ya nombrada para el cargo, el Centro Nacional de Inteligencia es dirigido por Paz Esteban López, primera mujer en ostentar la dirección de los servicios secretos de España. Ingresó en 1983 en el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecedente directo del CNI.

A la espera de ver en qué se concreta la investigación del Defensor del Pueblo, sobre todo en los pasos a seguir a partir de ahora, y de la activación de la comisión se secretos oficiales en el Congreso, en la que intervendrá Esteban López para dar cuenta de las pesquisas obtenidas por el CNI en el caso Pegasus, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quejó ayer de que el Gobierno haya informado a ERC, y no a los populares, de las iniciativas que pondrá en marcha para esclarecer el caso de espionaje a unos sesenta líderes secesionistas entre 2017 y 2020.

Fuentes del equipo de Feijóo confirmaron a ABC que, el jueves, la ministra Robles mantuvo una conversación telefónica con Esteban González Pons, vicesecretario general Institucional de los populares, pero que la responsable de Defensa se limitó a contarle lo mismo que ya se conocía por la prensa, informa Mariano Calleja. «Nada nuevo», lamentan en la sede del PP, que apuntan que, además, la llamada no era por el caso Pegasus sino por el envío de armas a Ucrania.