Manifestación organizada por la ACPV
Manifestación organizada por la ACPV - ABC

Piden a la Generalitat los motivos por los que pagó 6,6 millones a una entidad «pancatalanista» valenciana

Ciudadanos pide la comparecencia de la portavoz del gobierno de Quim Torra por las subvenciones a «Acció Cultural del País Valencià»

BarcelonaActualizado:

Ciudadanos ha pedido este martes la comparecencia de la consejera de la Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, para explicar el motivo y alcance de las generosas e «irregulares» ayudas que el ejecutivo autonómico lleva pagando a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) desde 2008. Según la formación naranja, los distintos gobiernos de la comunidad han pagado más de 6,6 millones de euros a esta entidad de corte «pancatalanista» en los últimos años.

La solicitud, a la que ha tenido acceso ABC, también pide que acuda a la comisión de asuntos institucionales la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, para que dé cuenta de las subvenciones que desde el Govern se han dado a la entidad valenciana. Según informa Ep, Ciudadanos informó el viernes a la Fiscalía de Cataluña del pago de más de 6,6 millones de euros por parte de la Generalitat a ACPV en concepto de gastos derivados de la hipoteca del edificio El Siglo, que alberga a la entidad en el centro de Valencia.

El texto registrado ante la Fiscalía expone que la Generalitat ha aportado desde 2008 un total de 6.635.812,62 euros destinados a sufragar los gastos derivados de la compra y reforma de El Siglo, y 3.379.625,90 euros más como subvenciones culturales. Aunque los datos se remontan a 2008, fuentes de Cs aseguraron que existen pruebas de que el Govern ha aportado fondos a ACPV desde al menos 2003 para cuestiones que van más allá de la promoción de la lengua.

Donación encubierta

El documento subraya que la Generalitat, desde esa época, ha diseñado «una aparente tramitación administrativa para dificultar el conocimiento y la fiscalización de lo que es, en definitiva, una auténtica donación encubierta». «Ese proceder contraría no ya la normativa de subvenciones y ayudas públicas sino burda y patentemente la propia práctica en materia de subvenciones por actividades culturales que vienen manteniendo los gobiernos de la Generalitat», concluye.