El Parlamento Europeo seguirá investigando si la Generalitat vulnera derechos al incumplir las sentencias

Durante su intervención, Ana Losada ha relatado cronológicamente lo sucedido desde la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a la Consejería de Educación hacer extensivo a todo el sistema el bilingüismo en las aulas, recordando que tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como el consejero del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, han dicho en público que no tienen intención de cumplir la sentencia, así como el caso de acoso a un menor y su familia en Canet de Mar (Barcelona) por conseguir el 25 por ciento de clases en español.

La representante de la AEB ha recordado que, según los tribunales, la inmersión lingüística (cien por cien de las asignaturas en catalán) es nula y ha lamentado que las familias siguen «sufriendo presiones» desde la Generalitat para que no se ponga en marcha el modelo de conjunción lingüística. «El relato de los hechos demuestra que la Generalitat quiere evitar cumplir las sentencias», ha dicho Losada, tras apuntar que tras la decisión del Tribunal Supremo, en noviembre de 2021, que ratifica la orden del TSJC, los pronunciamientos de la administración van en esa dirección.

Ante esta situación de indefensión, la presidenta de la AEB, durante sus dos intervenciones de menos de diez minutos ante los eurodiputados acreditados en la Comisión, ha apelado «al Estado de Derecho» y a que se inste a la Generalitat, desde la Unión Europea, a que cumpla las sentencias, así como al Gobierno para que también las «haga cumplir» y «ponga los recursos para ello». Igualmente, Losada ha solicitado una «misión» de eurodiputados para que se desplacen a Cataluña el próximo curso y verifiquen si la Consejería de Educación cumple con las órdenes de los tribunales.

Losada ha defendido desde Bruselas que la AEB y las familias que se ven obligados a acudir a los tribunales, tras la negativa inicial de la Generalitat a cumplir las sentencias en materia lingüística, quieren «una escuela diversa y bilingüe» y ha dicho que «venimos a Europa porque no confiamos en las instituciones democráticas de España, porque nos han ignorado», para recordar finalmente que «los derechos son de las personas, no de las lenguas».

Aunque el caso sigue vivo en la Comisión de Peticiones, la representante de educación de la Comisión Europea, Rajka Lozo, ha dicho que no es competencia de la Unión Europea un asunto de materia lingüística, pues esto compete a los Estados miembros, si bien, la presentación de Losada no se ha enfocado en un tema lingüístico y sí en un posible incumplimiento de derechos de los ciudadanos. Lozo ha señalado que «es el propio Estado miembro el responsable de gestionar el estatuto jurídico de las lenguas oficiales en sus territorios y también en el sistema educativo respetando sus Constituciones» y, por lo tanto, no ha considerado necesario que la Comisión Europea tenga que intervenir en este asunto.

Tras Losada y Lozo, han intervenido 13 eurodiputados en la Comisión de Peticiones que preside la exministra de España Dolors Montserrat (PP). Solidarizándose con la peticionaria y en favor de que la investigación siga abierta lo han hecho Agnès Evren (PP), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Hermann Tertsch (Conservadores y Reformistas Europeos), Rosa Estaràs (PP), Yana Toom (Renew) y Jordi Cañas (Renew).

Evren ha recordado que la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias concreta que el uso de las lenguas autonómicas no puede ir en detrimento de las oficiales de los Estados. Pagazaurtundúa ha señalado que la petición de Losada «no es un asunto meramente lingüístico, sino de los derechos de la UE» y que «afecta a la libertad de las personas». Por su parte, Tertsch ha defendido la libertad lingüística para que los padres escojan entre las lenguas oficiales de Cataluña.

También Estaràs ha indicado que el asunto que se ha debatido no es solo de lenguas y ha puntualizado que la AEB ha acudido a Europa porque ni el Gobierno ni la Generalitat les están escuchando. Y ha advertido, dirigiéndose a los escaños en los que estaban sentados representantes de los partidos nacionalistas de Cataluña, de que «para hacer daño a una lengua, se ha de hacer lo que ustedes están haciendo: imponerla», en relación al catalán en las aulas.

Toom ha puesto el acento en que el caso catalán no es único: «En otros Estados miembros se utiliza la retórica para proteger una lengua con el objetivo de discriminar» y ha lamentado la intervención de Lozo, «con una retórica vaga y llena de eslóganes». Por último, Cañas ha insistido en que «los derechos se defienden una, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que se consiguen», porque «los derechos en una democracia corresponde a los ciudadanos y en este caso, a los niños». Y ha incidido en que la Generalitat «lleva 30 años incumpliendo sentencias judiciales aprovechando su capacidad de litigar».

Las distintas posiciones se han defendido de forma vehemente por los eurodiputados. Entre los que han pedido que la investigación se dé por concluida se han situado Javier López (S&D), Diana Riba (Verdes), Pernando Barrena (La Izquierda), Toni Comín (no inscritos), Cristina Maestre Martín (S&D), Tatjana Zdanoka (Verdes) y François Alfonsi (Verdes). Los socialistas López y Maestre han apuntado que las sentencias deben cumplirse, pero han criticado a Montserrat por debatir sobre esta cuestión por tercera vez en la Comisión de Peticiones, que decide por mayoría los temas a tratar.

López, que ha dicho que la sentencia del TSJC de 2020 todavía no está en tiempo de incumplimiento, aunque sí es una sentencia firme, ha manifestado que la Generalitat ha cumplido, hasta la fecha, todas las sentencias en materia lingüística y ha definido la situación, para los que no están al corriente de la política catalana, así: «En Cataluña, muchas veces dista mucho lo que se hace y lo que se dice. Las sentencias se han aplicado sigilosamente».

Riba ha acusado a la AEB y los partidos que apoyan su petición de crear un conflicto donde no lo hay y lo ha argumentado porque «en el fondo de esta cuestión solo está la cruzada histórica del nacionalismo español« contra la lengua catalana. Barrena, por su parte, ha calificado la propuesta de los que defienden el bilingüismo en las aulas de hacerlo por »conveniencia», pues solo se pide, ha apuntado, cuando es el uso del español el que está en juego.

También ha intervenido Comín, que ha hecho una parte de su discurso en catalán (como Riba y Estaràs). El exconsejero de la Generalitat y fugado de la Justicia española ha defendido que «solo hay una manera de que los catalanes sigan siendo bilingües: que el catalán sea la lengua vehicular» y ha indicado que, en su opinión, «la escuela bilingüe es el camino a una sociedad monolingüe». Y ha asegurado que el nacionalismo español tiene una «aversión genética» al pluralismo lingüístico.

Finalmente, Zdanoka ha rechazado mantener abierta la investigación porque, «por desgracia, nuestra situación (del Parlamento Europeo) no influye (en este caso); no somos un tribunal; no es una cuestión que sea de la UE». Pero ha defendido que los Verdes están a favor de que ciertas competencias de educación sean transferidas a la Unión Europea. Alfonsi se ha mostrado a favor de la inmersión lingüística y ha puesto de ejemplo el modelo también para los corsos .