El Govern catalán aprueba un decreto-ley señalando que no se apliquen porcentajes en los proyectos lingüísticos

Con este objetivo, según ha avanzado Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat, tras la reunión del Govern, el decreto-ley señala que es «imposible aplicar parámetros numéricos» o «porcentajes» para el conocimiento de las lenguas oficiales en Cataluña. Todos los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados deberán contar con el visto bueno de la Consejería de Educación, que «validará y garantizará que los proyectos lingüísticos se ajustan a la legalidad».

Plaja ha reiterado que la nueva normativa se aprueba para «dar respuesta a la sentencia» del TSJC de 2020 y para «proteger el modelo de escuela catalana», es decir, para mantener el sistema de inmersión lingüística, cuya aplicación los tribunales han declarado ilegal. A partir de mañana, la Consejería enviará a todos los centros educativos las instrucciones concretas y «claras» para que en un plazo de seis meses todas las escuelas y los institutos tengan aprobados los nuevos proyectos lingüísticos.

Para definir los nuevos proyectos, el decreto-ley fija que se debe tener encuenta el entorno sociolingüístico del centro educativo, los objetivos de normalización lingüística del catalán y del aranés en el Valle de Arán (Lérida), el respeto a la diversidad cultural y lingüística del alumnado y los niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, acreditados en evaluaciones y pruebas, tanto internas como externas, manteniendo el catalán como centro de gravedad del sistema.

El Govern asumirá, por lo tanto, la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos de los miles de centros de enseñanza de toda la comunidad. O al menos eso considera Plaja. «La autonomía de los centros sigue vigente, pero se marcan muy claros los criterios para utilizar los proyectos lingüísticos», ha señalado la portavoz autonómica, que ha dicho también que otro de los objetivos del decreto-ley es proteger a las direcciones de los colegios y los institutos, que están bajo la lupa de la Fiscalía.

Para llevar a cabo el proceso de renovación de todos los proyectos lingüísticos, la Consejería facilitará la asesoría correspondiente, según ha indicado el Govern, para que los colegios y los institutos puedan elaborar los nuevos proyectos o revisar los que ahora ya aplican. Los centros elaborarán los proyectos y la Consejería los revisará y modificará, si hace falta, en un plazo máximo de 30 días, en función del conocimiento oral y escrito del uso de las lenguas oficiales que el alumnado pueda acreditar mediante pruebas que se harán cada dos años.

Poco antes de la aprobación del decreto-ley autonómico, informa Josefina G. Stegmann, la ministra de Eduación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en un desayuno organizado por Europa Press en Madrid, ha dejado claro, respecto a las sentencias judiciales, que «en un país que es un Estado de Derecho las sentencias se cumplen, son de obligado cumplimiento» y ha delegado en el TSJC la responsabilidad de valorar si el decreto del Govern cumple con la orden del tribunal.

En relación al papel de la Alta Inspección de Educación, que depende de su ministerio, Alegría ha dicho que ya se han «dirigido a la Generalitat para que nos aporte y nos traslade las soluciones y respuestas que va a dar para hacer cumplir la sentencia», pero «no nos han contestado de momento». El TSJC ordenó a la Alta Inspección de Educación velar por el cumplimiento de la sentencia del 25%, cuya ejecución recae sobre la Consejería de Educación.

Además del decreto-ley del Govern, aprobado hoy, el Parlamento de Cataluña está a la espera de un dictamen, no vinculante, del Consejo de Garantías Estatutarias para dar su visto bueno definitivo a una ley de lenguas oficiales, con la que los nacionalistas quieren reforzar la respuesta al TSJC.

La nueva ley, que no cita porcentajes ni declara explícitamente el español como lengua vehicular, no impide, sin embargo, la aplicación de la sentencia del tribunal autonómico, que en ningún momento ha señalado la necesidad de aprobar nuevas normas para aplicar el fallo de diciembre de 2020. El tribunal señala que el margen de maniobra de la Generalitat está entre el 25 y el 75% del uso de una de las dos lenguas oficiales.