La Generalitat permite a algunos presos salir de nuevo a trabajar

No todos los políticos encarcelados podrán acogerse a esta nueva medida, pues excluye a quienes salían de prisión para cuidar a familiares o participar en voluntariados. Por eso, de los nueve líderes que cumplen en prisión la condena por sedición que les impuso el Tribunal Supremo, es seguro que al menos tres no podrán beneficiarse de esta prerrogativa: la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, la exconsejera Dolos Bassa –ambas tenían permiso para cuidar a sus madres– y Jordi Sànchez (ANC), quien hacía labores de voluntariado. También parece complicado que el exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras pueda aprovecharse. Y es que la Universidad de Vic, a la que pertenece el campus de Manresa donde Junqueras tenía previsto dar clases, cerró sus instalaciones cuando se agravó la pandemia del coronavirus.

Los presos que quieran reanudar sus salidas –tanto los del 100.2 como los de tercer grado– deberán certificar que las empresas a las que acudían han vuelto a la actividad al relajarse las medidas de confinamiento. Al menos uno de ellos ya lo ha hecho. Jordi Cuixart (Òmnim) acudirá desde hoy a su empresa para trabajar de forma presencial, según ha informado la entidad independentista. También tienen previsto solicitarlo, según ha podido saber ABC, al menos dos de los exconsejeros encarcelados: Jordi Turull y Josep Rull.

Una vez regresen a la cárcel a dormir, no podrán compartir espacio ni estar en contacto con otros presos que no hayan disfrutado de estos permisos. Todo ello con el objetivo de que la pandemia del Covid-19 no se propague, todavía más, entre los internos de las cárceles catalanas. En función del número de presos que acrediten que han reanudado su actividad, los servicios penitenciarios de la Generalitat decidirán si les cambia de módulo dentro de la cárcel o les traslada a un centro abierto. Actualmente, 207 de los reclusos que tienen el 100.2 o el tercer grado pasan el confinamiento en prisión.

Los líderes independentistas prescindieron de sus salidas cuando se redujo la movilidad por la evolución de la pandemia. La Consejería de Justicia ordenó entonces a las juntas de tratamiento de las prisiones buscar resquicios legales para que los presos secesionistas pudieran confinarse en casa. Sin embargo, tras la advertencia del Supremo de posibles consecuencias penales, las juntas de tratamiento decidieron no ofrecerles esa posibilidad.