Una campaña electoral teñida de amarillo «ilegal»

Cada partido político tiene su logo, su lema y su color. Y los movimientos partidistas, también. Por lo tanto, no es neutro un (en apariencia) simple lazo amarillo y así lo ha entendido la Junta Electoral Central que, al inicio de la campaña del 21-D, acordó que se retiraran este (y todo) tipo de emblemas partidistas de los espacios y edificios públicos de Cataluña.

Pese a esta orden, los ayuntamientos y la Generalitat solo han actuado cuando han sido citados expresamente por alguna de las Juntas Electorales después de la correspondiente queja explícita por parte de algunos de los implicados directamente (partidos políticos, por ejemplo) o por los electores (en particular).

De esta manera, las instituciones públicas en Cataluña, en lugar de actuar de oficio, mostrando su obligada y democrática neutralidad política (especialmente en periodo electoral), han preferido seguir siendo en algunos casos solo las instituciones de una parte de los catalanes. Hay decenas de ejemplos.

En algunas localidades, por ejemplo, han sido ciudadanos de a pie los que han tenido que actuar (es decir, retirar los lazos amarillos y carteles políticos) para cumplir con la máxima de que «los espacios públicos son de todos y, como tales, no pueden ser partidistas». Fueron barceloneses sin adscripción política los que retiraron hace unos días los lazos amarillos que rodeaban las instalaciones del Hospital Clínico al comprobar la inoperancia de los funcionarios municipales.

En otros casos, los responsables políticos (normalmente, los alcaldes) han acatado y cumplido las decisiones de las Juntas Electorales, más por la coacción legal al incumplimiento de la orden de la Junta Electoral que por la propia decisión de considerar adecuado mantener neutral la institución que dirigen.

Así ha ocurrido en Barcelona con las fuentes de la ciudad. Ada Colau ordenó que las fuentes mostraran su solidaridad con los reos en prisión preventiva Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los «Jordis», a los que Colau y el Consistorio considera «presos políticos». Una veintena de fuentes aparecieron con luces de amarillo . La Junta Electoral ordenó que el Ayuntamiento fuera neutral.

En Sabadell, lo mismo. Un lazo amarillo y un cartel de «presos políticos» para definir a los presos que están inmersos en un proceso judicial en el Tribunal Supremo en fase de instrucción por los posibles delitos de malversación, sedición y rebelión.

También han de ser neutrales los miembros de las mesas electorales el 21 de diciembre (presidentes y vocales). Y también ha tenido que advertirlo la Junta Electoral, en previsión de que el día de las elecciones se vea a electores coaccionados por los miembros de las mesas electorales, que son elegidos por sorteo y no pueden ser partidistas.

Otro ejemplo de lo que ha ocurrido con el «amarillo ilegal» es lo sucedido en Gualba (Barcelona). El Ayuntamiento ha tenido que retirar del espacio público los lazos y las «esteladas» después de que la Junta Electoral se lo ordenase explícitamente al alcalde bajo la advertencia de posibles acciones penales, no porque en Gualba considerasen que no es democrático ocupar el espacio público con símbolos partidistas.

Localidades como Gualba hay en Cataluña decenas que no cumplen con las directrices de la Junta Electoral si esta no se lo pide de forma clara y concreta. Alcaldes y ediles miran para otro lado hasta que reciben la orden para su municipio. Tampoco hay recursos suficientes de partidos y entidades, pues en muchos casos son pueblos en los que ni PP, ni Cs, ni PSC tienen representación municipal. Aunque sí hay votantes de estos partidos.

En los últimos días de campaña se ha agudizado el ingenio para incumplir la norma electoral. A la par que agentes de los Mossos d'Esquadra retiraban algunos lazos y pancartas de pequeñas dimensiones en los edificios de titularidad autonómica, sobre todo en Barcelona y la grandes ciudades, algunos alcaldes han autorizado cambiar pancartas políticas por otras que vienen a decir lo mismo.

Así hay pancartas curiosas en Cerdañola del Vallés (Barcelona), La Fuliola (Lérida) o Mora de Ebro (Tarragona). En el primer municipio se ha sustituido el cartel que pedía «libertad de los presos políticos» por uno que indica: «Pancarta censurada por la Junta Electoral».

El caso de los otros dos municipios citados es similar. En La Fuliola el cambio del «presos políticos» ha dado lugar a uno que pone: «Tú, ya me entiendes». Y en Mora de Ebro el cartel de «libertad presos políticos» ha desaparecido por otro en verde que, firmado por un «disléxico y daltónico», señala: «Llibreta Pèsols Prolífics».

Con estos precedenetes, solo un test de las decenas de ejemplos que se pueden encontrar en Cataluña, cabe afirmar que la campaña electoral del 21-D, como ya ocurrió en la de 2015, ha sido utilizada por los partidos y movimientos independentistas para demostrar que las instituciones públicas que gestionan pierden la neutralidad obligada y necesaria para el sano funcionamiento democrático.