Una campaña electoral limpia

Al menos, las autoridades electorales están evitando que la televisión y la radio públicas se adhieran al lenguaje y a los símbolos de la campaña electoral del separatismo. Ni lazos amarillos por los presos, ni hablar del « govern en el exilio », ni « lista del president ». Tampoco el Ayuntamiento de Barcelona se ha librado de cumplir la legislación electoral, y ha tenido que cancelar el iluminado amarillo de las fuentes y retirar la pancarta por los « presos políticos ». Han sido muchos años comulgando con ruedas de molino y permitiendo que el nacionalismo jugara electoralmente con la ventaja de unos medios sumisos, carentes de la más mínima neutralidad y entregados a la difusión de los mensajes más intolerablemente separatistas e inconstitucionales.

El núcleo duro de toda democracia es la opinión pública, basada en la libertad de información y de expresión de los medios de comunicación. La intervención del Estado en la actividad informativa se justifica únicamente para garantizar a los ciudadanos unos niveles mínimos de objetividad y neutralidad en la información, como una contribución al interés general desde la perspectiva de las instituciones públicas. Lo que resulta desleal con este planteamiento es la adhesión notoria y sin matices de los medios públicos catalanes al movimiento separatista, porque su influencia distorsiona la formación de la opinión pública, a la que se adoctrina, pero no se informa, ni se forma.

También el 21-D debe ser el punto de partida de una revisión profunda y radical de la estructura de los medios públicos catalanes. Han sucedido acontecimientos muy graves en España y, particularmente, en Cataluña, con un alto coste para la convivencia y la confianza. Las cosas no pueden seguir igual en TV3, como tampoco pueden seguir igual en el sistema educativo. A esta situación de crisis constitucional se ha llegado precisamente, y entre otras razones, por no haber tomado a tiempo las decisiones correctas que merecían el sectarismo de los medios públicos de comunicación o el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas catalanas.

Ahora hay que confiar en que tras el artículo 155, llegue un cambio de ciclo político que propicie un reconducción de la administración pública catalana al servicio general de los catalanes y nunca más al servicio sectario del nacionalismo.