Multan con casi 10.000 euros a las empresas que dejaron a una niña encerrada en un bus escolar en Sitges

El Consejo Comarcal del Garraf, encargado de gestionar el servicio, ha impuesto en concreto una multa de 8.251,93 euros a la Fundació Pere Tarrés, responsable de los monitores, y otra de 1.262,43 euros para la empresa Plana, que pone el autocar. Se consideran graves las infracciones cometidas por ambas compañías, «por el peligro que han comportado y por la perturbación del servicio que han generado», asegura el Consell en un comunicado.

Además, se reclamará a las dos empresas, de forma proporcional, los gastos correspondientes al acompañamiento de la menor en otros sistemas de transporte y al apoyo emocional que recibió la familia afectada. Las sanciones y cambios se incorporan tras la investigación abierta por el Consejo para investigar cómo la niña pudo quedarse siete horas en el vehículo, que acabó aparcado en las cocheras tras su servicio al colegio, sin que nadie se diera cuenta de ello.

El expediente abierto a la Fundació Pere Tarrés concluye que la empresa no cumplió con el contrato preestablecido porque el servicio de monitoraje no comprobó si todos los alumnos transportados entraban al centro y porque dejó desatendida a una menor de edad, que requiere una especial atención. El expediente para Plana, en una línea similar, constata que falló el compromiso de revisar el autocar al final de cada trayecto para comprobar que no queda nadie dentro.

Además, el Consejo ha decidido revisar los protocolos existentes y actualizarlos para la ruta de transporte escolar del centro implicado, la Escola Maria Ossó de Sitges, que incorporará herramientas tecnológicas para informar de los traspasos entre el monitoraje y la escuela, lo que reforzará el servicio. Se espera que garanticen, con ello, una mayor coordinación, en especial en los servicios que afectan a alumnos de infantil, primaria y con necesidades especiales. También se insta a ofrecer más formación al personal.

Poco después de conocerse el expediente, la Fundació ha lamentado, «una vez más», los hechos y ha avanzado que estudiará la penalización. En un comunicado, la entidad explica que sus servicios jurídicos están estudiando y valorando el contenido y acuerdos de la misma, y que darán respuesta en el plazo que se establezca para hacer alegaciones, si es oportuno.