Sánchez entrega a Junts la presencia de los Mossos en fronteras y la devolución en caliente de inmigrantes

Todas ellas «competencias ejercidas normalmente por los Estados», ha presumido Puigdemont en una rueda de prensa telemática junto a su número dos, Jordi Turull, y la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras. Y que, ha añadido no sin intención el expresidente catalán prófugo, les permite seguir construyendo su «futuro como nación».

Desde el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, una oportuna gripe comunicada por su equipo evitaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el más concernido por el acuerdo, tener que dar explicaciones. En su lugar, la portavoz, Pilar Alegría, y la titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, eran las encargadas de vender como un acuerdo perfectamente normal y constitucional lo que hasta hace poco, en la misma sala de prensa de la Moncloa, se ponía en duda alegando que las competencias en inmigración no eran delegables totalmente a un Gobierno regional. Ambas ministras aludieron a los artículos 149 y 150.2 de la Constitución (Alegría llegó a leerlos en su literalidad) para argumentar que simplemente se trata de una «delegación».

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El segundo de esos artículos permite la transferencia o delegación de determinadas competencias «que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Puigdemont había empleado ese término, el de «delegación», pero añadiendo el matiz de «integral» y asegurando incluso que Cataluña tendrá la «última palabra».

Una dialéctica muy distinta a la que se manejaba en la Moncloa, donde se presentaba el acuerdo como la manera de dar satisfacción a una vieja reivindicación de la sociedad catalana, que la ministra Saiz situaba incluso a principios de los años noventa, en referencia a la creación en 1992 de la Comisión Interdepartamenal de Inmigración, un hito que también cita expresamente la exposición de motivos de la proposición de ley.

Una reforma que necesitará, al tratarse de una ley orgánica, de la mayoría absoluta de la Cámara Baja. O dicho de otra manera: del mismo apoyo que suscitó en noviembre del 2023 la investidura de Sánchez. Quitando Coalición Canaria –que ya ha manifestado su malestar con la cesión a Junts– y el BNG, que solo tienen un diputado cada uno, no puede descolgarse ninguno de los socios habituales del Gobierno de PSOE y Sumar. De momento, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido en la red social Bluesky que el Ejecutivo no puede contar con sus cuatro votos, sin los que, añadidos a la segura negativa de PP, Vox y UPN, sería imposible sacar adelante la iniciativa.

Pero fuentes de Junts dejan claro lo que para ellos significa el acuerdo, desmintiendo la retórica más cautelosa del Gobierno. Y lo hacen con expresiones que dejan poco lugar a la duda o la ambigüedad. «Los Mossos estarán en las fronteras y en materia de inmigración ellos son los que tienen la competencia. Obviamente, Policía Nacional y Guardia Civil estarán, pero en Cataluña tendrá la competencia en inmigración la Generalitat». «La decisión de la expulsión [de inmigrantes] la toma Cataluña y el Estado la ejecuta»... Y, por si faltase algo, no ocultan su intención de introducir el conocimiento del catalán como requisito para la integración de los que vienen de fuera. «Si no hay catalán, no se van a dar papeles. Si no conoces la lengua, la integración no es plena».

Eso sí, incluso desde Junts se admite que esto último no es más que una declaración de intenciones, algo que la derecha independentista haría si recupera el Gobierno autonómico, pero que la ley constituye una «herramienta» para avanzar en sus objetivos, como que el catalán sea imprescindible para poder residir en Cataluña y que los Mossos, además de proponer, puedan ejecutar la expulsión de los inmigrantes en situación irregular. Algo que, reconocen desde el partido de Puigdemont, seguirá haciendo el Ejecutivo. El paso, sin embargo, se califica de histórico entre los dirigentes separatistas, que remarcan que quedan dos «carpetas» pendientes en las negociaciones con el PSOE en Ginebra (Suiza), donde ya se han celebrado doce reuniones con mediación internacional.

La primera, y a la que Junts le da más importancia ahora, es la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Esto no depende exclusivamente del Gobierno, porque los Estados miembros tienen la capacidad de vetarlo. Y la segunda, la llamada «amnistía política» al prófugo Puigdemont, al que el Tribunal Supremo no le aplica la ley que él mismo exigió para poder regresar a España porque considera que no se puede amnistiar el delito de malversación, por el que hay una orden de detención contra el 'expresident'.

Junts quiere, al menos, que se le reconozca su estatus y haya un encuentro al más alto nivel entre él y Sánchez y en el que se negocien cuestiones concretas. Ni desde el Gobierno ni desde el partido independentista se hizo mención alguna a un posible referéndum de independencia, aunque esto se incluyó entre los asuntos a negociar en Suiza.

La víspera del registro de la ley ha había trascendido que el acuerdo entre ambas formaciones estaba cerrado, aunque ha tenido que pasar más de un año hasta que se ha materializado el pacto ya alcanzado en enero del 2024, cuando, a cambio de la abstención independentista en tres reales decretos leyes –uno de ellos decayó por la oposición de Podemos–, Sánchez se comprometía con Puigdemont a traspasar la gestión de la inmigración a su comunidad autónoma, ahora gobernada por el PSC.

El Gobierno rápidamente aclaró que no iba a ser un traspaso –algo que el propio Ejecutivo considera inconstitucional por ser la inmigración una competencia estatal–, sino una delegación. Junts, no obstante, ha reclamado en todo momento una gestión «integral» de la inmigración, con una consigna que le permite competir con el ascenso de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Los neoconvergentes han lanzado un comunicado de prensa este martes a las 8:17, en catalán, y diez minutos después, el PSOE ha enviado el suyo propio, de idéntico contenido, pero traducido al español. En ambos se recoge por escrito que esta delegación permitirá a Cataluña desarrollar «un modelo propio, una política integral», dado que las instituciones catalanas tendrán una posición «determinante» en todas las fases de la relación con el inmigrante. Los neoconvergentes conceden a ese párrafo muchísima importancia.

De nuevo, en un asunto sensible que puede despertar dudas jurídicas, el PSOE opta por registrar una proposición de ley, que nace de los grupos parlamentarios, y no un proyecto de ley, que, además de partir del Gobierno, debe contar con informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado. El Ministerio del Interior había reiterado por activa y por pasiva que Cataluña no podía tener control sobre el flujo migratorio ni decidir sobre las expulsiones de inmigrantes y, con este acuerdo, la Policía autonómica estará en las fronteras y podrá ejecutar las llamadas devoluciones en caliente –con las que los socialistas querían terminar no hace tanto tiempo– sin tutela alguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El texto íntegro no se ha dado a conocer hasta que ha comparecido públicamente Puigdemont. Los Mossos d'Esquadra, si la ley sale adelante, gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas «en cooperación» con Policía Nacional y Guardia Civil, y estarán en las fronteras, de nuevo, «en cooperación» con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cataluña, asimismo, se hará cargo de las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada a España y también ejecutará las expulsiones que no requieran expediente. Además, en los casos que sí lo necesiten, se tendrá en cuenta la propuesta de la Generalitat previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña; el órgano de coordinación entre la seguridad estatal y la autonómica.

Cataluña también gestionará «integralmente» los CIE, lo que puede suponer la antesala de la voluntad de Junts de no acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. En este último asunto, el Gobierno y el Ejecutivo canario pactaron hace semanas unos criterios para el reparto entre los que figuraba el esfuerzo previo, en un claro intento de satisfacer a Cataluña y al País Vasco, pero aún sigue sin decidirse la ponderación de cada uno, lo que es clave para determinar cuántos menores le corresponde acoger a cada comunidad autónoma. Fuentes de Junts aseguran que mantienen conversaciones con el PSOE al respecto, pero avanzan que Sánchez no podrá contar con sus votos si no se «destensiona» la situación en su comunidad autónoma, donde, dicen, ya hay demasiada presión migratoria.

Además, Cataluña ejercerá de «ventanilla única» para las solicitudes de estancia de larga duración, incluida la expedición del documento de identidad de extranjeros (NIE); se procederá al aumento de efectivos de los Mossos d'Esquadra, desde los 18.000 actuales hasta alcanzar los 26.800 agentes; la comunidad autónoma, junto a sus empresas y sindicatos, determinará los perfiles de trabajadores contratados en origen; y los Mossos serán quienes ostenten «la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos». El Estado, eso sí, «transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña pueda asumir esas competencias delegadas. Por último, para los permisos de residencia será necesario acreditar un nivel mínimo de catalán.