Gobierno y Junts cierran un acuerdo para la delegación de competencias en inmigración que pedía Puigdemont

Pedro Sánchez da un paso más para avanzar en la legislatura, después de que la semana pasada lograse la retirada por parte de los independentistas conservadores de la Proposición no de Ley (PNL) con la que pretendían que el Congreso de los Diputados instase al presidente a someterse a una moción de confianza. Fue justo hace una semana, el lunes 24, cuando los de Puigdemont dieron ese paso atrás, y siete días después trascendía, anoche, el desbloqueo del acuerdo migratorio.

Aunque el secretismo sobre el contenido exacto del acuerdo es extremo, el texto se hará público esta misma semana. Será entonces cuando se salga de dudas sobre cómo se han solventado los asuntos de fricción. El principal, el control de las fronteras, que Puigdemont reclamaba para Cataluña (una reivindicación que hacía antes de las elecciones catalanas de mayo de 2024, después de las cuales fracasó de nuevo en su intento de regresar a la presidencia de la Generalitat) de manera «integral», según ha repetido él mismo y los portavoces de su formación durante el último año. En el tira y afloja dialéctico sobre esta cuestión, el Gobierno, aun cuidando sus palabras para no soliviantar a un socio tan importante, ha venido a dejar claro que ese traspaso no puede ser integral o total.

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Daniel Tercero

Lo que se piensa en Moncloa y se tratará de propagar a partir de la presentación del acuerdo es que este pacto vendría a demostrar que Junts se comporta ya como una formación al uso, lejos de sus maximalismos independentistas y también de las conductas durante el golpe secesionista de 2017, por la que el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición a varios de sus cabecillas, entre ellos destacados dirigentes de Junts.

A falta de conocer el detalle del acuerdo suscrito con el PSOE, Junts -que no ha confirmado la firma del acuerdo- consigue otro triunfo en su pugna con ERC. Una transferencia vital para los independentistas que, al margen de separar a Cataluña del resto de España en la gestión de fronteras e inmigración, deja en evidencia que los de Puigdemont obtienen grandes avances hacia la secesión, a diferencia de los de Oriol Junqueras, que se limitan a gestionar el autonomismo y el «café para todos» (deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, por ejemplo).

El asunto de la gestión de la inmigración era uno de los objetivos de Junts desde que, tras las elecciones generales de julio de 2023, se convirtieron en socios fundamentales para que Sánchez se mantuviera en La Moncloa, y es de alto carácter simbólico pues el control fronterizo es una forma visual de distinguir entre países. El borrado de España en Cataluña en este ámbito lo gestionará, de momento, Salvador Illa, en tanto que presidente de la Generalitat.

De esta manera, socialistas e independentistas avanzan en la negociación de una cesión que el Gobierno del PSOE aceptó en enero de 2024 para que Junts permitiera la convalidación de tres decretos leyes en el Congreso -que al final solo fueron dos por la negativa de Podemos en otro asunto, un decreto en materia laboral- y cuyo contenido desde entonces los socialistas, como los de Puigdemont, han ido ocultando y negociando hasta este lunes.

Una vez desencallada la gestión de la inmigración, y tras la amnistía, los indultos, la redistribución de la deuda, la suspensión de la cuestión prejudicial y, entre otras cesiones, el control de los secretarios municipales por parte de la Generalitat, en Junts ya han avanzado que, a partir de ahora, las reuniones en Suiza, germen de las transferencias del PSOE con Junts, se centrarán en el reconocimiento nacional de Cataluña, la autodeterminación y completar el proceso independentista de 2017.

Pese a ello, Sánchez y todos sus portavoces insistirán en trasladar una versión radicalmente distinta. La de que Junts se ha moderado, hasta el punto incluso de renunciar a sus posturas de máximos, o incluso al referéndum de independencia, pese a que eso es lo que el PSOE aceptó negociar en la mesa bilateral de Ginebra (Suiza), incluso con un mediador internacional.

Según esta visión en la que a partir de ahora insistirán los socialistas, los de Puigdemont ya no son un partido insurrecto o que haga planteamientos fuera del marco constitucional, sino una formación plenamente integrada en la normalidad democrática, como incluso demostraría este acuerdo.