Cuatro años y medio de prisión para el ex consejero catalán de Interior por la escolta a Puigdemont

Además, como cooperador necesario, el fallo condena a cuatro años de prisión y a la misma pena de inhabilitación al sargento que Buch fichó para su departamento, Lluís Escolà, y que luego habría ejercido labores de protección del expresidente catalán, al que ayudó a abandonar Cataluña el 29 de octubre de 2017, tras la aprobación del 155, tal y como admitió el propio Puigdemont durante el juicio, el pasado junio.

Además, ambos deberán indemnizar a la Generalitat, de forma conjunta y solidaria, con 52.700 euros, la suma que percibió el mosso por su cargo de asesor. La sentencia, fechada este jueves, 14 de septiembre, sostiene que la prioridad de la Generalitat era garantizar la seguridad de quién había sido presidente de la misma. Por este motivo, el director general de la Policía, Pere Ferrer, remitió un escrito al Ministerio del Interior para ello. Lo mismo con el de Exteriores, pero el Gobierno denegó la solicitud, ya que sobre Puigdemont pesaba una orden de busca y captura.

A pesar de ello, el Govern proveyó de protección al prófugo desde que abandonó «el territorio nacional», reza el fallo, ya que «consta acreditada la presencia de varios funcionarios del cuerpo de Mossos que, desde dicho momento, ya habían acudido a Waterloo (Bélgica), donde se instaló el 'president'. Sobre el nombramiento de Escolà como asesor de Buch «en materia de seguridad» , los magistrados apuntan la «innecesariedad de dicha plaza» -ya que tras el cese del sargento permaneció un año vacante-.

Entiende el tribunal que el puesto era «idóneo» para el mosso -y poder brindar así protección a Puigdemont- ya que al ser de libre designación, no podría cuestionarse su nombramiento, ni exigía cumplimiento de horarios, ni tampoco asistencia a una sede física de trabajo. Además, reprochan la «simpleza, vaguedad y generalidades» de los documentos que ambos acusados aportaron durante el juicio para tratar de avalar que Escolà sí ejerció como asesor de Interior.

«Se concluye que se dan todos y cada uno de los elementos de la prevaricación, desde que Buch, como consejero de Interior, efectuó el nombramiento de Escolà como asesor, a sabiendas de que no constituía sino un paraguas o la cobertura para facilitar la remuneración a una función totalmente ajena a dicho nombramiento», apunta la sentencia.

Los magistrados sostienen que la conducta del 'conseller' supuso una «contravención patente, flagrante y clamorosa del ordenamiento jurídico, contraria a las exigencias de objetividad, en el servicio a los intereses generales», por su conducta «ilegal y arbitraria». Una conducta de la que eran conscientes ambos acusados, considera el fallo, que recoge publicaciones del propio sargento en sus redes sociales.

«Semanas haciéndonos cargo del MHPG [muy honorable presidente de la Generalitat]. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente», escribió Escolà en su cuenta de Twitter en agosto de 2018. Dos meses más tarde, en la misma plataforma, respondió a un apunte de Buch: «Aguantaremos hasta que puedas hacer el relevo digno que le hace falta al presidente».

Sobre la malversación, la resolución indica que las remuneraciones que percibió el funcionario tras ser contratado por Buch supusieron un gasto de dinero público para «remunerar una función que no fue la asignada» -ni había sido autorizada-. Concluye así el tribunal que se desviaron fondos públicos para proteger a Puigdemont. Tras conocer el fallo, los condenados ya han avanzado que lo recurrirán.

Durante la vista oral, el que fuera responsable de la unidad anticorrupción de la Policía catalana, Toni Rodríguez, certificó que los Mossos habían expedientado al sargento tras ayudar a Puigdemont a abandonar el país, «a espaldas de la estructura del Cuerpo», porque comulgaba con los postulados independentistas. Fue así como arrancó la investigación por la que Escolà, de manera provisional, fue destinado a la comisaría de Martorell (Barcelona), en la que nunca llegó a ejercer. Aprovechó «guardias, permisos y vacaciones» para viajar a Bélgica y ejercer tareas de «protección» del prófugo.

«Lo vemos en fotos, en sus manifestaciones en Twitter», detalló el mando. Unas publicaciones que los agentes comprobaron con los preceptivos oficios a las aerolíneas, que verificaron los desplazamientos del sargento. «¿Le consta que otros funcionarios ejerciesen la misma tarea?», inquirió el fiscal Pedro Ariche, durante la primera sesión del juicio. «Como mínimo, cinco, pero se sabía que eran bastantes más», apuntó entonces Rodríguez.

Escolà, desde el 29 de octubre de 2017, no vuelve a trabajar hasta julio del año siguiente. Lo hace encadenando permisos. «La dinámica de protección en Bélgica se para», explicó el intendente, tras la detención del expresidente en Alemania. Fue entonces cuando Albert Ballesta, quien fuera delegado de Interior en Gerona -y que sustituyó a Puigdemont al frente de la alcaldía de la ciudad cuando éste se convirtió en 'president'- llamó al jefe de los Mossos -entonces Ferran López- para pedir una excedencia para Escolà. Algo que el mando denegó «porque conoce el motivo por el cuál se le pide».

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Rodríguez también indicó que, por aquel entonces, la consejera Elsa Artadi urgió a garantizar la seguridad de Puigdemont. Fue entonces cuando, según el intendente, Buch firmó la resolución del nombramiento de Escolà como asesor. El sargento, que estaba de baja y ya ejerciendo las tareas de protección en Bélgica, obtuvo el alta médica.

Las especificaciones del cargo de asesor eran «mejorar los servicios de seguridad» y equipararlos a otros países pero, sostuvo el intendente, no le consta que Escolà realizara ningún trabajo del estilo y no tenía ninguna titulación o experiencia en dicho ámbito. Finalmente, la Audiencia ha considerado probadas las acusaciones contra ambos.