Archivada la querella contra once guardias civiles por torturas a un CDR detenido en la operación Judas

En su resolución, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell apunta que Ros, durante su declaración, sólo ratificó la apuntado en su querella, sin aportar ningún «dato más sobre cómo se habrían producido los hechos que denuncia», y que «no los detalló ni los explicó». Tampoco, abunda la togada, «ofreció datos sobre cómo habrían ocurrido las presuntas amenazas, coacciones y el trato degradante» sino que «se limitó a indicar que cuando lo detuvieron no le informaron de sus derechos, que sí le enseñaron un papel que no le dejaron leer diciéndole que ya tendría tiempo para hacerlo y que no le facilitaron acceso a un abogado».

Apunta además la instructora que del relato de la madre de Ros, testigo de su detención el 23 de septiembre de 2019, no se pone de manifiesto «ningún hecho delictivo, sino que describe el desarrollo normal de una entrada y registro», amparada por una orden judicial, en el marco de unas diligencias declaradas secretas por un presunto delito de terrorismo. Recuerda también que durante la operación estuvo presente una letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que no describió ningún trato vejatorio hacia él, «más allá de lo desagradable o molesto que puede resultar» y donde «su derecho a la intimidad y a la privacidad resulta claramente limitado».

Indica asimismo la resolución que decreta que el propio juzgado que instruyó las pesquisas de la operación Judas, el Central 6 de la Audiencia Nacional, archivó el procedimiento de habeas corpus que solicitó la hermana de Ros al entender que su detención se produjo conforme a derecho. Abunda que, pese a ese procedimiento, el CDR «en ningún momento denunció» amenazas, coacciones o trato degradante, y tampoco torturas o trato vejatorio, estando ya asistido por un abogado.

Por este motivo, la magistrada reprocha que «resulta cuanto menos sorprendente, y poco razonable, que de haber sido víctima de las amenazas, coacciones y el trato degradante, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo y siendo asistido por letrado, no lo pusiera de manifiesto ante el juez competente que es el encargado de velar por que se garanticen los derechos del investigado, lo cual conduce a apreciar inverosimilitud en que tales conductas por parte de los agentes policiales existieran, no existiendo ningún testigo ni elemento objetivo que lo pueda corroborarlo».

Concluye así el auto que Jordi Ros «estuvo asistido de abogado en todo momento que lo prevé la ley» -no durante el registro de su domicilio, porque según el acta de la LAJ se negó-. Por todo ello, la togada sostiene que no existen indicios de delitos de detención ilegal, ni vulneración de derechos fundamentales, amenazas torturas, ni coacciones. Decisión que recurrirá la representación legal de Ros. Cabe recordar que el pasado verano, la Audiencia de Barcelona ordenó investigar su querella. La Fiscalía se opuso, al entender que tampoco había indicios delictivos y, subsidiariamente, que éstos podrían verse amparados por la amnistía. La causa volvió entonces al juzgado de Sabadell que ahora ha ordenado el sobreseimiento provisional.

Entre otros motivos, también porque la querella se dirige contra once guardias civiles y solicita que se identifique a todos los que participaron en la entrada y registro, también a los tedax -artificieros- y porque no aportó informes médicos al respecto. «Pretende identificar a más de una veintena de agentes, cuando los hechos concretos (coacciones en el trayecto a Tres Cantos por dos agentes que iban sentados con él en el asiento trasero, entrega por una persona de una botella de agua presuntamente adulterada, etc.) cabe inferir que habrían sido cometidos por un número de agentes bastante inferior, sin que en la querella tampoco precise de forma clara cuántos agentes le habrían presuntamente coaccionado o amenazado, ya que se trata de hechos que están relatados de una forma un tanto genérica, lo cual contribuye a apreciar un carácter genérico y prospectivo en la querella», indica la magistrada.

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Aunque la declaración de los once agentes se había fijado para mediados de diciembre, se suspendió y la juez decidió no citarlos y resolver primero sobre la petición de sobreseimiento. Considera, al igual que la Fiscalía, «innecesario el nuevo señalamiento de las declaraciones de los querellados» porque, de «antemano» no aparece perpetrado el delito.

Fue el 23 de septiembre de 2019 cuando la Guardia Civil explotó la operación Judas, que en ese fecha se saldó con nueve detenidos por terrorismo, entre los que se encontraba Ros. Finalmente fueron doce los procesados y ahora se encuentran a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la eventual aplicación de la amnistía, como solicitaron sus defensas y avaló la Fiscalía de la Audiencia Nacional.